El diputado y portavoz del PRC en materia de Desarrollo Rural, Fernando Fernández, defenderá en el próximo Pleno del Parlamento una proposición no de ley para proponer al Gobierno de Cantabria que elabore una ley que garantice el futuro del medio rural, con medidas capaces de frenar el despoblamiento y evitar la marcha de los jóvenes a las ciudades.

Fernández ha comparecido hoy en rueda de prensa junto a los concejales regionalistas de Udías, Jorge de Miguel, y Ruente, Jaime Díaz, dos jóvenes establecidos en municipios rurales, para advertir del riesgo de “desaparición” que amenaza a los pueblos cántabros, “reservados a una población cada vez más envejecida, desesperanzada y sin perspectivas de futuro”.

Según ha explicado, el 22 por ciento de los municipios rurales tienen hoy 400 mayores de 65 años por cada 100 menores de 15, un índice de envejecimiento que ha calificado como “muy preocupante” y que supone “un pésimo negocio y una injusticia social con efecto boomerang para la economía regional”.

“O nos enfrentamos al problema, o el mundo rural desaparece”, ha enfatizado el diputado regionalista, para quien el Gobierno de Cantabria “debe ir más allá de un mero reparto de las migajas del presupuesto y poner en marcha una estrategia que sirva para definir las líneas maestras del futuro”.

Fernández ha culpado al Ejecutivo del PP de empeorar el problema por frenar las políticas de desarrollo rural iniciadas en las legislaturas pasadas, por lo que ha reclamado un cambio de rumbo y la puesta en marcha de políticas activas centradas fundamentalmente en la juventud y las mujeres, “los dos segmentos poblacionales claves para el futuro del campo”.

Las propuestas del PRC pasan por una ley que incentive el empleo rural, “como instrumento estratégico para garantizar el mantenimiento de la población en núcleos rurales”. “Para que los jóvenes se queden en nuestros pueblos es necesario crear empleo”, ha recalcado, antes de destacar que el 66 por ciento de los ayuntamientos rurales superan la media cántabra de desempleo, aunque también hay algunos que no tienen paro juvenil “sencillamente porque tampoco hay jóvenes”.

Entre las medidas concretas que debe contemplar la ley, ha mencionado un sistema de cualificación profesional agraria, apoyos para evitar las “sempiternas dificultades financieras” que sufre la juventud a la hora de acceder al crédito y garantizar la igualdad de oportunidades entre los jóvenes del mundo rural y urbano y una apuesta por las infraestructuras y los servicios en los pueblos.

Los servicios sociales que prestan los ayuntamientos también son en su opinión “extraordinariamente importantes como fuente de empleo” y fijación de la población joven, por lo que ha rechazado la “rentabilidad que pretende el PP” con su eliminación.

Asimismo, Fernández considera que la ley debe potenciar la modernización de la agricultura, la ganadería y la pesca, mediante la cualificación y un sistema educativo que “no obligue a desplazarse lejos de las zonas de origen”.

Por último, ha reivindicado la promoción de nuevos yacimientos de empleo, a través de la producción de alimentos de calidad, aproximación de los productos del campo a los consumidores, mejora del hábitat y el medio ambiente, reanimación de las zonas rurales, servicios a la población mayor, recuperación de viviendas, actividades educativas y culturales para los adultos o ayuda a la recuperación escolar.