El portavoz del Grupo Parlamentario Regionalista, Rafael de la Sierra, se ha declarado hoy “con la mosca detrás de la oreja” ante las “confusas manifestaciones” del presidente regional, Ignacio Diego, sobre el anteproyecto de ley de reforma de la Administración Local, por lo que ha confiado en que sea él quien responda a la interpelación que el próximo lunes planteará en el Pleno del Parlamento para conocer los criterios del Gobierno ante dicha reforma.

De la Sierra espera esa explicación del presidente porque las discrepancias que ha expresado con el proyecto de ley “no presagian nada bueno para los ayuntamientos, y especialmente para los menores de 5.000 habitantes, que son la mayoría de los de Cantabria (84)”. “Sus palabras parecen anunciar que las alegaciones van a ir en contra de estos ayuntamientos, de sus alcaldes y concejales y en contra de la necesidad de delimitar claramente las competencias y de financiarlas de manera suficiente”, ha asegurado.

Esta situación agrava a su juicio “los problemas” que la ley “hecha a la medida del ministro de Hacienda”, Cristóbal Montoro, supone para los ayuntamientos, porque el presidente cántabro “siempre quiere ser el alumno aventajado en cuanto se refiere a recortes o asfixia de las entidades locales”.

El portavoz regionalista teme que las alegaciones de Diego sean “contrarias” a los intereses de los ayuntamientos “bajo una supuesta defensa de la Comunidad Autónoma, lo cual es una falacia, porque la defensa de la Comunidad Autónoma no es posible sin la defensa de los ayuntamientos y los vecinos”.

Asimismo, ha destacado que la reforma de régimen local “pone en riesgo” la existencia de decenas de ayuntamientos y de cientos de entidades locales menores de Cantabria, al permitir su intervención o desaparición “sin garantías, mediante fórmulas opacas y con base en criterios poco definidos, con una gran inseguridad jurídica”.

Además, el propio funcionamiento normal de los ayuntamientos “queda muy afectado y muchos de ellos, sus alcaldes y concejales, no van a poder realizar su función de manera eficaz”, y supone “un varapalo” para los servicios esenciales que ahora prestan los municipios, “cuya financiación no está asegurada”.

“Esperamos que el presidente Diego exponga sus criterios, despeje las dudas y que, en vez de colaborar a  asfixiar a los ayuntamientos, defienda sus intereses, porque con ello defiende a todos los cántabros, que tienen garantizada la prestación de los servicios más básicos y elementales mediante el funcionamiento de una Administración local adecuadamente financiada y con competencias claras y definidas”, ha concluido Rafael de la Sierra.