El diputado del PRC Fernando Fernández ha reclamado hoy al Gobierno de Cantabria la puesta en marcha de un Plan de Desarrollo Rural dotado con al menos 117 millones de euros, con el fin de evitar el futuro “desolador” que le espera al sector primario si persiste en la política de recortes que ha aplicado hasta ahora, “en contra de todas sus promesas electorales”.

Fernández ha comparecido en rueda de prensa para exigir ese plan, que a su juicio pasa por la consideración del sector ganadero como “sector estratégico” y debe satisfacer tres objetivos fundamentales: mejorar la calidad de vida de la población rural, favorecer una gestión responsable de los recursos naturales y la protección del medio ambiente y propiciar la utilización racional y equilibrada del territorio.

Para cumplir estos fines, ha propuesto como medidas concretas de actuación la puesta en marcha de la Ley de Desarrollo Rural aprobada en 2007 y que el Gobierno “está dejando de morir” por no dotarla de la financiación necesaria, que ha cuantificado en 35 millones de euros, al tiempo que ha destacado que en otros territorios como Galicia ya se encuentran en marcha medidas como los planes de zona, que han supuesto la llegada de 87,11 millones del Estado.

También ha abogado por la promoción de la industria agroalimentaria, un plan de infraestructuras rurales y acciones reivindicativas por parte de la consejera de Ganadería, Blanca Martínez, para evitar que la reforma de la Política Agraria Común imponga la extensión de las explotaciones, en lugar de la producción, como criterio para el reparto de las ayudas comunitarias. “Si llega a aprobarse el criterio de extensión, Cantabria será muy perjudicada”, ha precisado.

Un precio justo para la leche

Fernández ha defendido además una serie de acciones encaminadas a garantizar “un precio justo” para la leche, entre ellas el mantenimiento de las cuotas lácteas, la creación de organizaciones de productores lácteos, la definición de contratos empresa-productor con un precio mínimo de 0,38 euros frente a los 0,29 actuales, la aplicación de la Ley de Defensa de la Competencia para controlar la distribución y la prohibición de entrada en el mercado de los excedentes de leche procedentes de Francia y Alemania.

Del mismo modo, ha reivindicado ayudas directas a las rentas, la modernización y la incorporación de jóvenes agricultores y ganaderos y la puesta en valor del sector forestal como activo “para generar riqueza y puestos de trabajo”, así como la introducción de las nuevas tecnologías en la sociedad rural, la potenciación del patrimonio natural, arquitectónico y cultural del campo y la apuesta por la “soberanía alimentaria”, en la que cada zona “tenga el derecho y la capacidad de cultivar los alimentos necesarios para alimentar a sus habitantes, apoyando los canales cortos de comercialización y evitando los intermediarios, que se llevan aproximadamente el 70 por ciento del coste que paga el consumidor”.

Para Fernando Fernández, una política de futuro para las zonas rurales debe contemplar la pluriactividad de los agricultores y un complemento de rentas por la vía del empleo alternativo para otros miembros de la familia. “Es fundamental asegurar el acceso al mercado de trabajo de los jóvenes y las mujeres del campo”, ha precisado.

Asimismo, ha recordado que buena parte de estas políticas fueron comprometidas por el Partido Popular antes de su llegada al Gobierno, cuando prometió incluso un Plan Estratégico dotado con 25 millones de euros, que ahora ha sustituido por “un recorte de 13 millones”.

“La situación actual es muy preocupante, porque en el contexto de crisis en el que nos movemos el sector está siendo especialmente castigado por el bajo precio de los productos, la pertinaz sequía, el encarecimiento de los combustibles y las materias primas y la falta de futuro ante el panorama desalentador que plantea la reforma de la PAC”, ha declarado.

Ayudas por la sequía

El diputado del PRC defenderá estos argumentos en la Comisión de Ganadería convocada para mañana y en la que comparecerá la consejera, Blanca Martínez, a la que instará a presentar en el plazo de dos meses un plan de ayudas para paliar las pérdidas ocasionadas en las explotaciones ganaderas como consecuencia de la sequía.