El grupo municipal regionalista en el Ayuntamiento de Santander va a presentar una iniciativa plenaria de carácter institucional al objeto de que se adhieren a ella el resto de grupos que conforman la corporación municipal como muestra de solidaridad de la capital de Cantabria con sus zonas rurales ante la postura del Gobierno de central de incluir el lobo ibérico en el listado de especies protegidas, 

Los regionalistas valoran que de llevarse dicha propuesta nacional adelante sería “la ruina” para nuestro sector ganadero insistiendo en que para que la ganadería extensiva de Cantabria pueda “sobrevivir” ha de haber un control del carnívoro.

El PRC aboga por la gestión de dicha especie en el marco legal establecido por la Directiva Hábitats de la Unión Europea y el Convenio de Berna, que reconocen la diversidad de situaciones de la especie en las diferentes regiones europeas no como un problema, sino como una oportunidad para una gestión adaptada a las singularidades locales y siempre basada en la mejor información disponible y en la coexistencia entre el lobo y la ganadería extensiva. Igualmente defienden el valor ecológico y cultural de esta última, ya que juega un papel clave en el mantenimiento de la biodiversidad y de determinados hábitats naturales. “A través de esta declaración queremos mostrar también nuestro apoyo incondicional a la ganadería extensiva, fundamental en la economía de las zonas rurales, y que precisa en las zonas loberas de un modelo de coexistencia basado en las medidas ya contempladas en los planes de gestión de las Comunidades Autónomas, con el objetivo de la reducción de los daños y la justa indemnización cuando estos se produzcan”. 

Por ello quieren que desde la capital de Cantabria se haga un llamamiento al Ministerio a volver al escenario de consenso y diálogo, renunciando a continuar con la tramitación de la inclusión del Lobo en el LESPRE. “Conoce el Ministerio el rechazo frontal de las Comunidades que albergan la inmensa mayoría de los lobos de nuestro país y, por tanto, no puede escudarse en dictámenes no vinculantes, ignorando cuál es el origen de este procedimiento, y forzando situaciones inéditas en órganos de coordinación entre el Estado y las Comunidades Autónomas donde el diálogo y el consenso habían sido las señas de identidad hasta la fecha”.