El Partido Regionalista de Cantabria, de acuerdo con sus alcaldes, concejales y cargos públicos, ha presentado 10 alegaciones a la Orden de ayudas publicada por el Gobierno para desarrollar un Plan de Inversiones en los municipios, encaminadas a garantizar “un apoyo de verdad” a los ayuntamientos y evitar que esta convocatoria quede en “una mera maniobra de imagen y de ingeniería financiera” destinada a “aparentar” que el presidente regional, Ignacio Diego, “hace algo por mejorar la economía cuando realmente no está haciendo nada”.

“Aceptamos el reto lanzado por el presidente y proponemos cambios para que la Orden sea un verdadero plan de inversiones y cumpla con el fin único que se le debe exigir: crear empleo y activar la economía”, ha explicado el vicesecretario general y portavoz parlamentario de los regionalistas, Rafael de la Sierra.

Con este fin y para que la Orden sea “plenamente efectiva”, el PRC pide al Ejecutivo que recoja la financiación “desde el primer momento” y consigne cantidades no inferiores a los 20 millones de euros anuales para los años 2014 y 2015, en lugar de diferir todo el pago a 2016, cuando Cantabria ya habrá celebrado elecciones autonómicas (2015) y contará con un nuevo Gobierno.

Y es que a su juicio, la convocatoria, tal como está planteada, lo único que hace es “confirmar que el compromiso de inversión de Ignacio Diego en los ayuntamientos es cero, lo cual resulta casi una provocación, porque asume el abandono de los ayuntamientos por parte del actual Gobierno”.

Además, el PRC reclama la modificación inmediata, “antes de que comience el plazo para solicitar las subvenciones”, de las normas sobre déficit público, estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera para permitir que los ayuntamientos apliquen los remanentes presupuestarios a las partidas de gasto e inversión municipal, porque de lo contrario la Orden carecerá de eficacia.

Las alegaciones proponen además que puedan incluirse en la convocatoria los contratos de adjudicación realizados desde la fecha de publicación de la Orden y que se modifique la regulación de los gastos subvencionables, para incluir las asistencias técnicas, redacción de proyectos y memorias, dirección facultativa de las obras y los gastos financieros que deban soportar los ayuntamientos que acudan a crédito para llevar a cabo proyectos. De lo contrario, advierten que la aportación real de los municipios no será del 20 sino del 40 por ciento del coste total.

El PRC también quiere reducir a 20.000 euros la cuantía mínima por proyecto, fijada en 50.000, dado que en los municipios pequeños “son precisas pequeñas obras que no superan esa cantidad y que afectan directamente a las necesidades de los vecinos”.

Del mismo modo, rechazan la obligación de subcontratar la totalidad de los proyectos cuando la Ley de Subvenciones permite la subcontratación parcial, que para los ayuntamientos es una oportunidad de utilizar recursos propios para “una mayor rentabilidad social y económica de la inversión a realizar”.

En materia de financiación, los regionalistas piden un mecanismo que garantice el acceso al crédito en condiciones de igualdad de todos los ayuntamientos, que si se producen bajas en el proceso de licitación o en la ejecución del contrato los municipios puedan aprovechar esas cantidades para licitar nuevos proyectos y el establecimiento de un nuevo plazo cada año para emplear los fondos que por cualquier razón las entidades locales no hubieran podido gastar.

Asimismo y sobre la composición de la Comisión de Evaluación propuesta por el Gobierno, con un único representante de los municipios sobre un total de seis miembros, abogan por una comisión paritaria, dado que los ayuntamientos no sólo abonan el 20 por ciento de las actuaciones, sino que financian el total.

El PRC plantea igualmente la modificación de las disposiciones sobre justificación, cesión y pago de las ayudas para evitar los costes financieros que pueden provocar los retrasos admitidos en el pago de la subvención.

Finalmente, quiere introducir criterios de graduación del reintegro de la subvención, al considerar que no se puede tratar del mismo modo un breve retraso o los incumplimientos formales de poca entidad que el falseamiento de las obras objeto de ayuda o la no realización de las mismas.