El Grupo Parlamentario Regionalista ha presentado una Proposición no de Ley para que se adopten “medidas inmediatas y urgentes” que  palien “el caos organizativo” en la implantación del copago sanitario, que está afectando de manera directa a los profesionales del sector farmacéutico y a los usuarios, especialmente, en la zona oriental y zonas de afluencia turística.

Esta situación está provocando que “disminuya” la calidad del servicio, se genere “crispación” entre los afectados y propicia “graves” problemas de gestión respecto a la forma en que se realizan las devoluciones de las cantidades abonadas por los usuarios.

El PRC recuerda que las farmacias de Cantabria disponen de los medios tecnológicos adecuados para adaptar cualquier medida que requiera “modificaciones importantes” en su servicio.

Por ello, los regionalistas lamentan que “no se haya facilitado información ni se haya contado” con las farmacias, para la implantación del copago sanitario.

En cuanto a cómo afecta “este nuevo impuesto sanitario” a los usuarios, el PRC denuncia que hay enfermos, especialmente pensionistas, que están pagando “20, 30 y hasta 80 euros”, por sus tratamientos porque deben adelantar su coste.

Por ello, el PRC insta al Gobierno de Cantabria a que adopte “las medidas necesarias” para que los ciudadanos “no se vean obligados a pagar lo que, legalmente, no les corresponde”.

Los regionalistas recuerdan que el Ministerio de Sanidad anunció un límite de 8 euros para las rentas más bajas, con el objeto de evitar “la alarma” entre las poblaciones con menores rentas y más vulnerables.

Sin embargo, en Cantabria “el caos organizativo” debido a  “incompetencia, incapacidad, desconocimiento, dejadez o la suma de todas ellas” está provocando que los enfermos deban adelantar el pago de los tratamientos y que los profesionales de farmacia afronten “enormes dificultades de gestión” y

carezcan de información “fidedigna” sobre los procedimientos que deben seguir en cada caso concreto.

El PRC insiste en que rechaza el copago sanitario, tal y como lo ha diseñado el Gobierno, pero ahora se ve obligado a denunciar su “nefasta” implantación.

Para los regionalistas, la implantación de una iniciativa de este tipo se debe llevar a cabo de una manera “progresiva, evitando conflictos y favoreciendo la normalización y adaptabilidad” de los pacientes a la nueva realidad, “y contando con el sector profesional afectado”.

Además, en su opinión, Cantabria dispone de los medios tecnológicos adecuados para adaptar cualquier medida que requiera modificaciones importantes en el sector farmacéutico.

En este sentido, el PRC recuerda que la Comunidad Autónoma cuenta con un colectivo farmacéutico profesional y con el uso de la receta electrónica “que permite progresivamente un mejor servicio a los usuarios”.