El Grupo Parlamentario Regionalista solicitará el apoyo del Parlamento para que el Gobierno de Cantabria presente un recurso de inconstitucionalidad contra los reales decretos aprobados en abril por la Administración central para recortar los servicios públicos de educación y sanidad, recortes que a su juicio “van más allá de lo constitucionalmente admitido”, porque incumplen el requisito de urgencia que debiera justificarlos, invaden competencias de la Comunidad Autónoma y, sobre todo, “vulneran” el contenido mínimo de los derechos consagrados por la Carta Magna.

Dado que el PRC no puede plantear por sí mismo este recurso, posibilidad que sólo pueden ejercer los gobiernos, los parlamentos o 50 diputados o senadores, ha optado por proponer a la Cámara que sea el Ejecutivo regional quien lo haga, como ya ha ocurrido en otras comunidades autónomas, caso de Andalucía, Cataluña, el País Vasco o Navarra.

La iniciativa ha sido anunciada este viernes por el secretario general y presidente del Grupo Parlamentario, Miguel Ángel Revilla, quien ha comparecido en rueda de prensa junto a los vicesecretarios, Rafael de la Sierra y Javier López Marcano, para denunciar una vez más los recortes “sin consideración y sin piedad” que está sufriendo el Estado del Bienestar, “una de las grandes conquistas de la democracia española”, desde que el Partido Popular gobierna en Cantabria y en España.

Revilla ha sido especialmente crítico con el presidente cántabro, Ignacio Diego, porque “no escucha a nadie y huye de los ciudadanos y del Parlamento”, al que sólo acude para “votar y garantizar su mayoría absoluta” y ante el que demuestra “un desprecio” que nunca antes había evidenciado ningún otro presidente.

“Altanería y chulería”

“Su desprecio, altanería y chulería no se corresponden con la realidad de lo que está ocurriendo en Cantabria, porque vivimos momentos para estar como nunca al pie del cañón, incluso para ser modesto y pedir solidaridad, apoyo y comprensión, ya que las cosas no van bien”, ha valorado.

Además, ha señalado que el Gobierno “no gobierna”, “habla siempre del pasado” y “más allá de eso sólo hace anuncios increíbles”, englobados en la iniciativa Invercantabria. “Todos estamos esperando que nos hablen de I+D y de grandes proyectos de desarrollo, pero solo oímos mencionar hoteles, residencias, teleféricos y campos de golf”, ha precisado Revilla, para quien este tipo de iniciativas vinculadas al turismo “están bien como complemento, pero no como base de la economía productiva y de futuro”.

Asimismo, ha criticado el incumplimiento por el PP de “todas sus promesas electorales” y, muy especialmente, las subidas fiscales indiscriminadas y los recortes que está llevando a cabo la educación y la sanidad públicas y que coinciden con decisiones como el concierto del colegio privado y “elitista” Torrevelo, con 1,3 millones de euros, “cuando no hay dinero para la enseñanza pública”. “Eso es terrible”, ha opinado.

Revilla también ha condenado la “increíble tropelía” que supone el cierre del centro de mayores La Pereda, que ha calificado como “un espectáculo terrible que daña la imagen de la región”, mientras del Gobierno de la nación “no hay noticias” más que para paralizar los proyectos en marcha y reducir las inversiones en Cantabria al “mínimo per-cápita de España”.

“Hay que parar la avalancha de recortes”

Ante esta situación, Rafael de la Sierra ha abogado por “defenderse con todo y utilizar todos los medios al alcance para poner pie en pared y parar la avalancha de recortes y limitaciones del Estado del Bienestar”.

Con este objetivo, la cuestión de inconstitucionalidad planteada por su grupo parlamentario constituye “no sólo un último recurso desesperado”, sino también una acción “bien fundada” desde el punto de vista jurídico, en base a tres razones fundamentales: la forma, porque los recortes se han aprobado sin respetar los requisitos de urgencia y extraordinaria necesidad requeridos en la propia Constitución; la vulneración de competencias que corresponden a las Comunidades Autónomas y, “sobre todo”, la incidencia en los derechos ciudadanos consagrados constitucionalmente, que se ven “vulnerados” por decisiones como la exclusión de la sanidad universal pública y gratuita de los mayores de 26 años que no hayan trabajado.

“Los derechos sociales que reconoce la Constitución tienen un contenido mínimo que debe respetarse y que en nuestra opinión ha sido vulnerado de manera clara por los reales decretos”, ha indicado.

Unanimidad

Por su parte y como promotor de este recurso, que avanzó la semana pasada en la Asamblea de Militantes de Torrelavega, Javier López Marcano ha confiado en que el Parlamento apruebe la propuesta por unanimidad en el Pleno del 25 de junio, lo cual no sería “un caso insólito” a la vista de la ruptura de la disciplina de voto que están realizando alcaldes y concejales del PP, sobre todo en Asturias y Castilla y León, como consecuencia del comportamiento del Gobierno de España “ante el gravísimo problema de la minería”.

“Eso permite concebir alguna que otra esperanza, porque estamos ante una iniciativa de un tono reivindicativo importante, que sólo persigue el interés de Cantabria y el bienestar general de todos los cántabros”, ha precisado.

Además de acusar al Gobierno del PP de “acabar con el Estado del Bienestar” y provocar un estado generalizado de “malestar”, López Marcano ha advertido que los recortes educativos y sanitarios provocarán la desaparición de 1.083 puestos de trabajo, 600 de personal sanitario y 483 en el ámbito de la educación, “una parte importante” de los 2.700 empleos destruidos por la Administración pública de Cantabria en el último año, con una política de despidos realizada con “saña, persecución política y búsqueda de la pureza de sangre”.