El vicesecretario general y portavoz parlamentario del PRC, Rafael de la Sierra, ha instado hoy al Gobierno de Cantabria a “pelear en Madrid” para que los ayuntamientos sigan gestionando los servicios sociales que han prestado hasta ahora, con una delimitación clara de sus competencias y “una financiación adecuada”.

De la Sierra ha rechazado la pretensión de la Administración central de otorgar dicha competencia de forma exclusiva y excluyente a las Comunidades Autónomas, dado que supondría “un peor servicio para los ciudadanos”.

A su juicio, el ámbito local es “el medio natural para la prestación de los servicios sociales básicos” y, en consecuencia, esa competencia debe ser compartida, de forma que los ayuntamientos “sigan siendo la puerta de acceso de los ciudadanos a las prestaciones sociales, la atención primaria y la información directa y cercana”.

El PRC coincide en este planteamiento con la Federación de Municipios de Cantabria, que así lo ha reflejado en su documento de alegaciones al proyecto de reforma de la Administración local elaborado por el Gobierno de España, y con la mayoría de los expertos en materia social, como la Asociación de Directores en Servicios Sociales, que defiende el municipalismo como “una de las señas de identidad” del actual sistema público “por lo que tiene de cercanía y de proximidad a la expresión de las necesidades sociales de los ciudadanos”.

De la Sierra ha recordado también la postura del CERMI, representante de los colectivos de la discapacidad, para el que la proximidad de las entidades locales a la ciudadanía es “un buen criterio de asignación de competencias”, porque los problemas y las necesidades de la población “se atienden con mayor calidad y eficacia en el ámbito local”.

Por lo tanto, considera “prioritario” que el Gobierno de Cantabria “se posicione al lado de los ayuntamientos” en el debate abierto sobre la reforma local y trabaje para dotarlos de una financiación adecuada, con el fin de garantizar la continuidad de las prestaciones sociales con los mismos estándares de calidad que han tenido hasta ahora.

Para el portavoz del PRC, el Ejecutivo tiene que afrontar un doble problema, de gestión y de financiación, y contribuir a que la nueva ley de Administración Local determine con claridad las competencias municipales y siente las bases para garantizar los recursos económicos que requiere su prestación.

“El cambio no puede suponer una merma en la calidad del servicio ofrecido a los ciudadanos y para ello hay que mantener a los ayuntamientos en el nivel básico de atención a los servicios sociales, con la financiación necesaria”, ha concluido Rafael de la Sierra.