El portavoz del Grupo Parlamentario Regionalista, Rafael de la Sierra, ha denunciado el incumplimiento por el Gobierno de Cantabria de su obligación de informar al Parlamento por no responder, o hacerlo sesgada e incorrectamente, a las preguntas y peticiones de documentación requeridas por la oposición, sobre todo cuando están relacionadas con materias “delicadas”, entre las que ha incluido ejemplos relativos a la Ley de Recortes recientemente aprobada, proyectos estrella “que pueden acabar estrellados” y contratos y adjudicaciones “sospechosos”.

Según ha explicado, el PRC ha presentado desde que comenzó la legislatura 253 iniciativas para requerir información, de las cuales apenas el 25 por ciento (63) han sido contestadas en plazo. Un total de 110 (el 43%) recibieron contestación fuera del plazo estipulado, mientras que 78 aún no tienen respuesta.

Todo ello ha motivado la presentación de 45 quejas ante la Mesa del Parlamento, pero apenas la mitad de esas quejas (23) ha servido para que el Ejecutivo cumpla su obligación de informar a la oposición.

El portavoz regionalista ha asegurado que la situación “va a más últimamente”, porque el Gobierno “cada vez contesta menos y peor”, con un comportamiento que en muchos casos constituye “una burla y una tomadura de pelo a los diputados y a los ciudadanos”. Por ello y en caso de persistir esta actitud, su grupo no descarta solicitar al presidente de la Cámara medidas de carácter “excepcional”, o incluso un recurso de amparo.

De la Sierra ha destacado que este comportamiento es contrario a las manifestaciones de “transparencia y buen rollito” que intenta transmitir el presidente, Ignacio Diego, cuyas palabras se ven desmentidas por hechos que “ponen en evidencia la auténtica forma de actuar”.

Además de los números, ha dado a conocer varios ejemplos que ponen de manifiesto la forma en que el Ejecutivo pretende dar por cumplida su obligación de contestar a la oposición, entre ellos el vivido por la diputada Rosa Valdés, que solicitó el expediente íntegro de la adjudicación del stand de la Oficina de Calidad Alimentaria en las ferias promocionales y recibió una documentación en la que no aparecen ni las ofertas presentadas, ni la empresa adjudicataria, “seguramente porque es una agencia de cabecera del PP”.

Una situación similar se ha producido ante la petición por el PRC del convenio suscrito por el Gobierno con la productora de la serie de televisión Gran Hotel y las facturas de gastos que origina, documentación que no ha sido entregada “probablemente porque uno de los hoteles en los que está centrada la residencia de todas estas personas casi en exclusiva está muy vinculado al Partido Popular”.

Gastos publicitarios

En otros casos, los parlamentarios regionalistas han preguntado por actuaciones realizadas por el actual Ejecutivo, como un contrato de publicidad en portales de Internet o un acuerdo para favorecer la entrada gratuita de los visitantes a las instalaciones turísticas, y han recibido documentos de legislaturas anteriores, suscritos por Javier López Marcano o incluso José Antonio Cagigas en su etapa al frente de la Consejería de Turismo en 2002.

“Una auténtica tomadura de pelo a los ciudadanos y a sus representantes”, ha recalcado Rafael de la Sierra.

Asimismo, ha señalado que la falta de información afecta a “proyectos estrella” del presidente, como el teleférico de Cabárceno, que fue anunciado “con todo tipo de detalles”, un presupuesto exacto de 11,5 millones de euros y hasta una recreación en vídeo, pero cuando el PRC ha solicitado copia de todo ello se le ha indicado que “no existe ni proyecto, ni presupuesto”.

El Gobierno tampoco ha remitido a la oposición los planes de mujer y juventud anunciados al principio de la legislatura, ni ha cuantificado el ahorro que implican los recortes aprobados en el Plan de Ajuste, pese a la dureza de las medidas adoptadas.

Los gastos de representación y publicidad han sido igualmente eludidos en las respuestas parlamentarias, pese a las declaraciones públicas sobre su eliminación y supresión, al igual que los datos sobre nuevas contrataciones y despidos realizados en el seno de la Administración autonómica y los procedimientos para la selección de las empresas que han realizado las auditorías en las empresas públicas. “Creemos que no son empresas auditoras las que han realizado esos estudios y por eso hemos pedido todo el procedimiento de contratación, pero no se nos ha remitido”, ha indicado Rafael de la Sierra.

Ante esa falta de transparencia sobre “contratos sospechosos y materias muy delicadas, que están justificando decisiones muy importantes y que están dando lugar a adjudicaciones que crean mucha desconfianza”, el portavoz regionalista ha anunciado que el PRC “no va a parar” e insistirá en las preguntas y peticiones de documentación, sin descartar medidas para que el Gobierno cumpla con su obligación.