El Gobierno de Cantabria continuará en 2013 la “poda sin cuartel” del servicio de Protección Civil, con un recorte de 200.000 euros en el presupuesto de la empresa pública SEMCA y una disposición por la que se pueden anular los convenios de colaboración existentes con los ayuntamientos de Santander, Torrelavega, Camargo y Castro Urdiales para la atención de emergencias. Así lo ha denunciado esta mañana la diputada del PRC Rosa Valdés, quien ha asegurado que estos nuevos recortes, sumados a los que ya se han producido en el presente ejercicio, suponen “un nuevo peligro para la adecuada prestación del servicio”.

Valdés ha comparecido en rueda de prensa para presentar la moción que defenderá el próximo lunes en el Pleno del Parlamento, en la que insta al Ejecutivo a presentar en el plazo de siete meses la revisión y actualización de los planes de protección civil de la Comunidad Autónoma y a aplicar los procedimientos operativos del Centro de Gestión de las Emergencias como “instrumentos básicos para la gestión de las llamadas de auxilio, su clasificación, evaluación, asignación de respuestas y movilización de recursos”.

La diputada regionalista ha presentado esta iniciativa ante la “total descoordinación y desorganización” que impera en este momento en el servicio, como consecuencia de “las decisiones desastrosas” y la “absoluta ineficacia” de los altos cargos directivos nombrados por la consejera de Presidencia, Leticia Díaz, para sustituir al técnico que realizaba esta tarea en la pasada legislatura, cuyo despido ha sido declarado nulo por el Juzgado de lo Social.

“Sus sueldos nos cuestan mucho dinero, pero lejos de ser rentables para la seguridad de los cántabros son el motivo número uno de peligro, porque ante una emergencia ninguno asume el mando”, ha criticado.

Ante esta situación, ha considerado “lamentable” que la consejera de Presidencia respondiera a la interpelación que le planteó el pasado lunes en busca de explicaciones con “un chiste patético, de mal gusto y barriobajero, dedicado única y exclusivamente a atacar a su adversario político”, una respuesta que a su juicio refleja “la importancia real y la categoría que el Gobierno de Ignacio Diego le da a la protección civil en Cantabria”.

“La consejera Díaz se ha dedicado en cuerpo y alma a esconder los errores constantes en los que ha incurrido en sus 17 meses de gestión”, ha agregado.

Según la diputada, esos errores, que no sólo ha denunciado el PRC, sino también por los propios profesionales del servicio de emergencias, están motivados por el total incumplimiento de los protocolos operativos y “la absoluta falta de coordinación y la improvisación” de los tres altos cargos nombrados “a dedo” por Leticia Díaz para sustituir a “profesionales cualificados y capaces, a los que ha despedido desde la venganza y el rencor político”.

Política “anti-protección civil”

Entre las principales deficiencias del servicio, ha citado como ejemplos el funcionamiento helicóptero, “que no presta el servicio como está reflejado en el contrato”; la supresión de dos vehículos de protección civil en Reinosa y Los Corrales, cuando “todos los expertos consideran que son necesarios por la existencia de túneles en su zona de influencia”, y la “discriminación” que sufren los bomberos de Torrelavega por parte del Servicio del 112, cuando moviliza medios de Los Corrales en su área de influencia, aumentando los tiempos de respuesta.

Asimismo, se ha preguntado “qué ha hecho este Gobierno” con el Puesto de Mando Avanzado donado en la pasada legislatura por la Fundación La Caixa y que está siendo sustituido por “una tienda de campaña de la Cruz Roja, que bastante hace, pero no cuenta con los mismos medios”.

Valdés ha augurado que todas estas carencias se verán agravadas como consecuencia del nuevo recorte que sufren los servicios de emergencias en el presupuesto de 2013, que continúa la “política anti-protección civil” del Gobierno de Cantabria.