Los concejales del PRC en el Ayuntamiento de Santa María de Cayón, Ana Obregón, Miguel Otí y Ángel Cobo, han presentado esta mañana una denuncia en el Juzgado de Medio Cudeyo contra el alcalde, el popular Gastón Gómez, por posibles delitos de prevaricación administrativa, malversación de fondos públicos y omisión del deber de perseguir delitos.

Así lo han dado a conocer en una rueda de prensa en la que la portavoz, Ana Obregón, que ha comparecido acompañada por Ángel Cobo, ha asegurado que Gastón Gómez está “incapacitado” para continuar al frente de la Alcaldía, a la vista de las “numerosas irregularidades” descubiertas en su gestión y de su actitud “poco decorosa” en el Ayuntamiento, donde “pierde constantemente los papeles”.

Obregón ha explicado que la denuncia judicial de su grupo está basada en “los indicios de ilegalidad” que se desprenden de dichas irregularidades, detectadas “de forma reiterada” desde el año 2007 y que han dado lugar a “continuos informes de reparo de los servicios municipales de Intervención y Secretaría”.

Entre ellas, ha destacado el pago de más de 80 facturas por un total superior a los 200.000 euros sin consignación presupuestaria y con el informe en contra de la Intervención, y en algunos casos por servicios, como la atención domiciliaria, cuestionados por los técnicos al dudar de la labor realizada por la empresa adjudicataria y del reconocimiento de los usuarios con derecho a prestación, ante la falta de un expediente que justifique el funcionamiento y la contratación del servicio.

La portavoz del PRC ha informado de anomalías similares en la liquidación de las nóminas y el procedimiento de contratación del personal laboral de la Agencia de Desarrollo Local, las instalaciones deportivas municipales y la Brigada de Obras.

En materia de contratación, ha hecho hincapié en la situación de una trabajadora incorporada al Ayuntamiento en 2008 por designación del alcalde, con un contrato de 40 horas semanales y una retribución de 40.000 euros anuales, vinculado a una ayuda del Gobierno de Cantabria para desarrollar un plan de igualdad. Aunque esa ayuda desapareció en enero 2012, la trabajadora continuó un año más en su puesto “sin cobertura legal y a pesar de las advertencias en contra de los técnicos”. 

Obregón ha señalado que el propio regidor admitió la irregularidad en sendos plenos, pero mantuvo a la trabajadora en su puesto, a la espera de que el Gobierno de Cantabria restableciera el plan de igualdad para el que fue contratada, lo cual no ha sucedido.

También ha indicado que un trabajador de la Brigada de Obras permaneció un mes sin contrato, situación que Gómez justificó diciendo que “son cosas que pasan”.

Por otro lado, la denuncia del PRC presenta como posibles delitos de malversación de caudales y fondos públicos el pago de comidas facturadas a nombre de personas particulares, “que además son amigos personales del alcalde”, y el gasto de más de 700 euros por los consumos de telefonía móvil de un ex concejal del PP, a quien el Ayuntamiento “seguía pagando el móvil seis meses después de cesar en su cargo”.

Igualmente, aporta facturas correspondientes al arreglo de vehículos particulares, a trabajos relacionados con el proyecto de construcción de un tanatorio promovido por una empresa privada y que asumió el Ayuntamiento y a un desembolso de más de 35.000 euros por actuaciones desarrolladas en el seno de la iniciativa cultural ArteEsles, “sin ningún tipo de expediente de contratación, obviando la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas y los principios de publicidad, capacidad y libre concurrencia”.

Finalmente, cuestiona varias actuaciones de la Brigada Municipal de Obras, como las realizadas en la rehabilitación de la escuela pública de Argomilla, después de que el proyecto fuera adjudicado a una empresa privada en 50.000 euros, y en la finca particular del ex concejal del PP a quien el Ayuntamiento “no sólo pagó el móvil, sino también una terraza para celebrar en su propiedad un evento con acceso limitado y sometido al pago de entrada, en el que encima se sirvieron bebidas alcohólicas, sin licencia, ni control municipal”.

En este punto, Ana Obregón ha explicado que el alcalde justificó el pago por que la recaudación se destinaba a sufragar actos deportivos, pero sin embargo el ingreso no figura en ningún extracto bancario, como tampoco aparece el correspondiente al cobro de entradas al campo de fútbol, que se realiza “de forma ilegal, porque no existe ordenanza reguladora” y supuestamente para pagar gastos relacionados con eventos deportivos.

Esta situación, sumadas a las aportaciones con el mismo fin de 3.000 euros por dos empresas que tampoco figuran en ninguno de los extractos a los que ha podido acceder, hacen sospechar al PRC de la existencia de “una contabilidad B, con la que se realizan pagos en metálico”.

Por todo ello, la portavoz regionalista ha subrayado que “sobran las razones” para acudir al juzgado, después de haber “agotado” la vía política para intentar reconducir esta situación.

De hecho, ha recordado que la oposición municipal forzó hace unas semanas un pleno para pedir de forma unánime la dimisión de Gastón Gómez, quien a su juicio “confunde cada vez más el Ayuntamiento con su rancho particular y utiliza los recursos públicos para realizar favores privados”.

“Queremos devolver la normalidad y el buen gobierno al Ayuntamiento, máxime en un momento tan difícil como el que estamos viviendo”, ha concluido.