El PRC defiende regular las extracciones mineras en el subsuelo y eliminar cualquier posibilidad del uso del fracking en la región

Los regionalistas consideran necesario la redacción de una nueva Ley ‘antifracking’ en función de los términos de la sentencia del 2014 del Constitucional

Noticias PRC 18 Febrero 2017
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El Partido Regionalista de Cantabria defenderá este lunes en el Pleno del Parlamento regular las extracciones mineras en el subsuelo y la eliminación de cualquier posibilidad del uso de la técnica del fracking en nuestra Comunidad Autónoma. Para ello han presentado una proposición de ley, ésta junto al grupo socialista,  y una proposición no de ley.

En la proposición de ley, plantean la modificación de la Ley 2/2001, de 25 de junio, de Ordenación Territorial y Régimen Urbanístico del Suelo de Cantabria. En concreto, proponen la redacción de la disposición adicional undécima en la que se recogen las condiciones para que se pueda realizar extracciones mineras en el subsuelo rústico de la Comunidad Autónoma.

De este modo, la propuesta plantea la adaptación de la normativa para la extracción de mineral sólido y cristalino en el subsuelo, y de las construcciones, infraestructuras e instalaciones que sean necesarias, siempre y cuando se respeten los valores del entorno.

Con esta modificación, se pretende dar “encaje legal” a un proyecto para la extracción de zinc en el subsuelo de la mina de Reocín. Un proyecto que supondría una inversión privada de cerca de 400 millones de euros y la creación de más de 1.500 puestos de trabajo, con una proyección de 20 años.

Los regionalistas confían en que la propuesta, presentada conjuntamente con el grupo socialista, salga adelante con “el mayor consenso posible”.

No al fracking

 

Por otra parte, el Grupo Parlamentario Regionalista ha presentado una proposición no de ley para la eliminación de “cualquier posibilidad” de la utilización de la técnica del fracking en la Comunidad Autónoma.

En su propuesta, los regionalistas plantean la redacción de una nueva ley, “a la mayor brevedad”, acorde a los criterios establecidos por el Tribunal Constitucional en su sentencia de 2014 dentro la capacidad competencial de Cantabria.

El objeto es “regular y defender los intereses sociales, naturales, culturales, patrimoniales y medioambientales de la Comunidad Autónoma frente a proyectos de investigación o extracción de hidrocarburos que pudieran ser perjudiciales para Cantabria”.

Además, propone la colaboración entre la Federación de Municipios de Cantabria y el Gobierno para ayudar a los ayuntamientos en el ámbito jurídico y administrativo para que puedan ejercer adecuadamente sus competencias ante proyectos que planteen la técnica del fracking.