El PRC de Vega de Pas, con el aval de más de 300 vecinos y la práctica totalidad de los negocios del municipio, ha presentado alegaciones contra el proyecto de fracking que la compañía Repsol pretende llevar adelante en la comarca, en las que advierte de los riesgos para el medio ambiente y la salud de la población.

Así lo ha dado a conocer el portavoz regionalista, Víctor Gómez, quien ha vuelto a realizar un llamamiento al Gobierno de Cantabria para que “haga cumplir la ley” que prohíbe el uso de esta técnica en la Comunidad Autónoma “con todas las consecuencias” y al Gobierno de España para que “respete la normativa cántabra en vigor”.

Mientras tanto y ante el proyecto en marcha, el PRC ha formalizado alegaciones en el Ayuntamiento para que, a su vez, las traslade al Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, por lo que ha apelado a la “sensibilidad” del equipo de gobierno para que “actúe en consecuencia con el sentir mayoritario de los vecinos”.

Las objeciones regionalistas son de carácter eminentemente técnico y hacen hincapié en los riesgos químicos que conlleva el sondeo exploratorio que pretende Repsol, denominado ‘Luena Profundo’, al tiempo que denuncia la ocultación de dichos riesgos “con una falta de rigor pasmosa, maniquea y sesgada”.

“Hay una estrategia evidente para evitar la particular alarma social que causa la utilización de los aditivos que conlleva esta técnica”, ha explicado el portavoz regionalista.

Además de rechazar dicha estrategia de “desinformación” respecto al uso de compuestos químicos que conllevan riesgos cancerígenos, alergénicos y neurotóxicos, el PRC asegura que el proyecto “no contempla de manera suficiente” ni la posible afección de las aguas superficiales y subterráneas, ni las posibles emisiones atmosféricas, “inevitables cuando se almacenan fluidos en grandes balsas, como está previsto”.

En consecuencia, las alegaciones ponen de manifiesto la “insuficiente documentación” sobre el control de residuos y su naturaleza “altamente contaminante”, que hace aconsejable una supervisión de los entes públicos estatales y regionales.

Asimismo, recalcan la ausencia de un protocolo ante la posibilidad de contaminación terrestre y acuática en el pozo de perforación y de estudios experimentales de relación del sondeo con los parámetros medioambientales expuestos en el proyecto.

El PRC lamenta también la ausencia de documentación detallada sobre los nuevos trazados necesarios para llevar a cabo el sondeo, que requerirán desmontes y corrimiento de tierras en el camino de acceso y “provocará un cambio del entorno físico por variación topográfica y pérdida de masa forestal”.

Además, alega que los datos expuestos “no facilitan un entendimiento comprensible en cuanto a la necesidad de volumen de agua y a la localización y capacidad del almacenamiento propuesto”, así como la ausencia de información precisa sobre el origen del agua de perforación “y una propuesta que asegure el caudal ecológico necesario para preservar la flora y la fauna de las zonas declaradas LIC”.