El grupo municipal regionalista ha manifestado su absoluto malestar ante las conclusiones del Plan de Control de 2020 que ponen en evidencia el absoluto “pasotismo” del equipo de gobierno PP- Cs por corregir las deficiencias y necesidades que lleva reclamando hace tiempo el servicio de Intervención ante la falta de personal y medios para poder llevar a cabo sus funciones de control y fiscalización.

Los regionalistas apuntan que de nuevo en este informe “tal y como recogía el de 2019”, se evidencia que la maquinaria del Ayuntamiento de Santander funciona “al ralentí” lastrada por una sobrecarga generada en su “propia ineficiencia” que repercute de manera directa en la economía de la ciudad en cuanto a la supervisión de contratos y fiscalización de expedientes.

Por ello responsabilizan al gobierno de no tomar las medidas correspondientes ante estas advertencias  llegándolas a convertir en un “mal endémico” de esta administración.

“En noviembre de 2020 los regionalistas pedimos que se incluyera en comisión discutir el plan anual de control financiero de 2019 ante lo ilógico que era tener que esperar hasta 2021 para conocer el Plan de Acción que debía elaborar alcaldía en un plazo de 3 meses sobre las medidas a implementar para corregir las deficiencias detectadas, no siendo a bien recibida nuestra propuesta”.

Y es que dicho informe, indica el portavoz regionalista, José María Fuentes-Pila, ya reflejaba conclusiones lo bastante serias para no dejarlas en el olvido, como la ausencia de una “administración electrónica” que imposibilita disponer de la documentación oportuna en tiempo real o establecer protocolos para compartir información entre departamentos y mejorar con ello las tareas de control, “situación que a día de hoy sigue sin corregirse”.

Fuentes-Pila apunta que la insuficiencia de medios personales era y sigue siendo otra de las conclusiones en materia de carencias en el servicio, a lo que se suma ahora la ausencia prolongada de un técnico superior adscrito al control financiero, junto al hecho de que más del 28% de los expedientes son devueltos para su corrección o por insuficiencia de la documentación aportada o ante el manejo de grandes volúmenes de documentación en papel o por la dificultad para obtener la información necesaria para las tareas de control.

En lo referente al área de control financiero, el plan relata la necesidad de que se verifique el cumplimiento estricto de las prestaciones contratadas por los servicios gestores dejando constancia documental de dicha verificación “de forma regular” y al menos con ocasión de cada periodo facturado, poniendo de manifiesto, en forma temprana, los eventuales incumplimientos.

En este sentido, en el informe de 2019,- recuerdan los regionalistas, aconsejaba la necesidad de llevar a cabo la incoación de expedientes de imposición de penalidades y de determinación de daños y perjuicios por incumplimiento de las obligaciones contractuales, “llamándonos la atención que en el de 2020 se indique que no hay constancia de la ejecución de dicha medida”  y reitere la importancia de la misma por su relevancia económica para la propia administración local ya que su desatención podría originar perjuicios económicos considerables y dar lugar a la exigencia de responsabilidades personales por el perjuicio causado.

 “La intervención del Ayuntamiento de Santander realiza una encomiable e intensa labor, por lo que creemos que ya es hora que este gobierno tenga en cuenta las necesidades del servicio y dote de los recursos solicitados a este departamento”, concluyó.