El grupo municipal regionalista en el Ayuntamiento de Santander ha vuelto a insistir en la necesidad de activar la medida que plantearon el pasado mes de abril en la cámara plenaria municipal sobre un Pacto por la seguridad en los barrios, y que fue rechazada por PP, CS y VOX, como una “oportunidad” para asegurar la convivencia pacífica y garantizar la seguridad física de las personas y sus bienes, ante la oleada de hurtos registrados en la ciudad en los últimos meses.

El portavoz del PRC, José María Fuentes-Pila, se mostró bastante preocupado tras conocer los datos oficiales propiciados por el Ministerio del Interior sobre la criminalidad en nuestra región y en concreto en la capital cántabra donde se han registrado 77 denuncias de robo, “arrojando una tendencia al alta”.  El regionalista apuntó que barrios como Valdenoja o las urbanizaciones cercanas a la S-20 se están bien gravemente afectados al igual que otros barrios como Nueva Montaña, donde los vecinos del barrio Isla del Oleo han tenido que optar por organizar patrullas ciudadanas para enfrentarse al acoso de los ladrones después de que una banda entrara en al menos ocho de los 71 chalets que hay en el barrio.

Por ello Fuentes-Pila entiende que, en materia de seguridad, la actuación desde los barrios, la presencia en éstos de un número suficiente de policías, y la participación debe ser un elemento esencial a la hora de abordar los diagnósticos de seguridad y evaluar la efectividad de las actuaciones llevadas a cabo en los mismos

Este pacto, ha explicado, “ayudará a acordar entre todos un escenario de prevención y un marco de actuación en el campo de la seguridad centrada en los vecinos, y en los diferentes barrios según sus necesidades, y giraría en torno al principal recurso del Ayuntamiento que es la Policía Local”.

Los regionalistas apuntan que este modelo, "contrastado y con éxito" en diferentes ciudades, ha contribuido a reducir la tasa de delitos y lograr una mejora en la percepción y relaciones de la policía con la comunidad y los vecinos, ya que se establecen canales de comunicación directa entre la policía de barrio asignada a la zona con asociaciones de vecinos y ciudadanos particulares, con el fin de atender demandas y/o preocupaciones dentro del ámbito de actuación competencial de dicha figura.