El concejal y portavoz del PRC en el Ayuntamiento de Colindres, Antonio Pérez, quien fuera vocal del Consorcio de Infraestructuras Deportivas de Cantabria en representación del Ayuntamiento de Colindres, ha manifestado hoy su “perplejidad” ante la actitud “sumisa y de resignación” que han demostrado la mayoría de los miembros representados en el citado organismo en lo que va de legislatura.

Recuerda Pérez que, en la anterior legislatura, el Gobierno de Cantabria presidido por Miguel Angel Revilla, siendo Consejero de Cultura Turismo y Deporte el regionalista Francisco Javier López Marcano, firmó un convenio con el consorcio para la construcción de cinco piscinas en Val de San Vicente, Torrelavega, Marina de Cudeyo, Ribamontan al Mar y Colindres. Además de los gastos de ejecución de las piscinas, el Gobierno de Cantabria se comprometía a asumir el déficit, si lo hubiere, en la gestión durante un periodo de diez años.

Una vez entró el nuevo gobierno, presidido por Ignacio Diego, decidió revocar el convenio unilateralmente sin avenirse a ningún tipo de negociación. Actualmente, la situación es que el consorcio está negociando con la empresa constructora una indemnización por incumplimiento del contrato, sin saber la postura del Ejecutivo de Diego en este asunto ya que, a día de hoy, no existe asignación presupuestaria ni documento alguno que obligue a cumplir su parte del convenio correspondiente a 2013, dejando tirado a todos los ayuntamientos que forman parte del consorcio, incluidos los del Partido Popular.

Por último, el PRC de Colindres, se reunirá en estos días con el Grupo Parlamentario Regionalista para estudiar el asunto en cuestión, desde el punto de vista jurídico y político. Paralelamente, propondrán a sus compañeros parlamentarios una reunión con el Grupo Parlamentario del PSOE para reconducir la situación dentro del consorcio. Entretanto, desde el PRC, se propone negociar con la empresa para la "apertura inmediata" de las piscinas sin que afecten los procesos jurídicos y políticos que se puedan llevar a efecto para defender los intereses del consorcio y, por ende, de los ayuntamientos afectados.