El Grupo Parlamentario Regionalista ha asegurado hoy que el Gobierno de Cantabria ha asumido “un papel que no le corresponde” en la ejecución de las sentencias del Alto del Cuco “a costa del dinero de todos los cántabros” y “con grave perjuicio para las arcas de la Comunidad Autónoma, que no tienen porqué adelantar ni un solo euro en este caso cuando encima es muy probable que nunca lo recuperen”.

El PRC ha rechazado de este modo las “prisas” del Ejecutivo de Ignacio Diego para firmar un convenio con la promotora Martinsa-Fadesa y con la Sociedad de Gestión de Activos procedentes de la Reestructuración Bancaria (SAREB) para fijar las condiciones de la transacción judicial para la ejecución de la sentencia, en el que aprecia “gravísimas irregularidades”.

Por esta razón, ha urgido al presidente regional, Ignacio Diego, a remitir de inmediato al Parlamento copias del convenio suscrito ayer con la constructora y la SAREB y del acuerdo firmado con el Ayuntamiento de Piélagos para el derribo de las viviendas en 2014, así como los informes elaborados por las distintas unidades administrativas y, en especial, los informes fiscales y jurídicos.

El Grupo Regionalista ha formalizado esta misma mañana una petición en la Cámara para acceder a esos documentos, ya que considera “muy sorprendentes” las prisas del Gobierno del PP para actuar en este caso, “incluso aportando recursos económicos de los que dice que carece para otras necesidades que los ciudadanos creen más prioritarias”.

A su juicio, esa intervención resulta “muy cuestionable” cuando el anterior Ejecutivo trató de impedir “por todos los medios a su alcance” las actuaciones urbanísticas del Alto del Cuco, advirtiendo reiteradamente al Ayuntamiento de Piélagos de su ilegalidad, de la cual también eran “no sólo autoras, sino también perfectas conocedoras” las empresas promotoras.

Considera por ello que el Gobierno “no tiene ninguna responsabilidad” sobre las construcciones que finalmente se llevaron a cabo, autorizadas por un alcalde del Partido Popular que ya fue condenado a un año y medio de cárcel y nueve de inhabilitación por un delito continuado contra la ordenación del territorio, en su modalidad de prevaricación urbanística.

Asimismo, cree “sospechosa” la actuación en este asunto del consejero de Medio Ambiente, Javier Fernández, cuando él mismo fue el representante de la mayor parte de los compradores de las viviendas y negoció con la promotora Martinsa-Fadesa la devolución de las cantidades aportadas.

“El Gobierno está realizando un papel que no le corresponde a costa del maltrecho bolsillo de los cántabros, por lo que exigimos que explique el porqué”, ha concluido.