El Grupo Parlamentario Regionalista ha alcanzado un acuerdo con el PP y el PSOE para aprobar una proposición no de ley conjunta encaminada a facilitar y agilizar el pago a las empresas subcontratadas en obras financiadas por el Gobierno de Cantabria. La iniciativa responde a una petición de la Asociación de Excavadores (AEXCA), motivada por los retrasos excesivos que sufren muchas pequeñas y medianas empresas a la hora de cobrar por sus trabajos.

En concreto, la propuesta insta al Ejecutivo y recomienda al resto de administraciones públicas a analizar, en el plazo de seis meses, la viabilidad legal de incorporar como condición de ejecución del contrato con los adjudicatarios de obras públicas el cumplimiento de las obligaciones legales de pago a los subcontratistas, la posibilidad jurídica de que el incumplimiento de tales obligaciones pueda ser considerado infracción grave a efectos de resolver el contrato y el margen legal para incluir en los contratos el pago directo a las empresas subcontratistas en caso de mora del contratista principal, en la línea apuntada por el proyecto de la nueva directiva europea sobre contratación pública.

Asimismo y dentro de los límites de la legislación actual, plantea la adopción de medidas en la gestión de la contratación del sector público de Cantabria para hacer efectivos los derechos de los subcontratistas y propone un estudio de las fórmulas posibles para asegurar el cumplimiento de los porcentajes legales o contractuales de subcontratación en los contratos de obras.

De este modo, los grupos parlamentarios intentarán aportar soluciones a una situación frecuente en la actualidad, debido a la crisis económica y a la paralización que sufren las obras públicas, con la adjudicación de contratos a sociedades de gran volumen de negocio, incluso con bajas que rozan la temeridad, y que posteriormente subcontratan a empresas medianas y pequeñas para desarrollarlos.

El cobro se produce muchas veces con una tardanza exagerada, que se ve agravada cuando la gran empresa adjudicataria cobra de la Administración Pública y no liquida de forma simultánea a las subcontratistas, “originándolas un perjuicio evidente y poniendo en riesgo su futuro”.

Iniciativas parlamentarias similares se han aprobado ya en otras Comunidades Autónomas, entre ellas el País Vasco, donde estas medidas se adoptaron por consenso de la mayoría de los grupos parlamentarios.

Por su parte, la Unión Europea está trabajando en un proyecto de directiva que aborda la contratación pública y, entre otros aspectos, establece normas relativas a este problema concreto.