La diputada del PRC Rosa Valdés ha valorado hoy en rueda de prensa que la sentencia del Tribunal Supremo que ratifica la improcedencia de los despidos realizados en la empresa de emergencias 112 demuestra que la quiebra aducida por el Gobierno de Cantabria para justificarlos era “falsa” y que los trabajadores fueron echados de forma “injusta y discriminatoria”, sin motivos “económicos, ni organizativos” y sin más razón que la “venganza política”.

“Los cántabros tendremos que pagar las consecuencias de este despropósito una vez más”, ha lamentado la parlamentaria, dado que la sentencia condena al Ejecutivo a afrontar no sólo las indemnizaciones por despido, sino también las costas judiciales.

Valdés ha criticado el uso de dinero público para pagar “los varapalos judiciales en cadena” que está sufriendo el Gobierno cántabro, visto que la sentencia sobre los despidos del 112 se suma a la reciente absolución del ex consejero de Cultura, Turismo y Deporte, Javier López Marcano, y al archivo de la causa por la supuesta desaparición de cuadros de propiedad pública conocido ayer mismo.

Estas decisiones judiciales evidencian a su juicio “la política de tierra quemada” que practica el Gabinete de Ignacio Diego “con el dinero de todos los cántabros”. “Hemos advertido en demasiadas ocasiones que esta política visceral de disparar contra todo lo que se mueve si no proviene del Partido Popular, de inventarse quiebras económicas y recortar el presupuesto de la central de atención a las emergencias era una injusticia y un error”, ha recalcado.

La diputada ha considerado “mezquino e injusto” el despido de “trabajadores cualificados” y que habían accedido a sus puestos mediante una oposición para colocar a “altos cargos nombrados a dedo” por la consejera de Presidencia, Leticia Díaz, sin demostrar “causas económicas, ni organizativas” para sostener “su teoría falsa y dañina” de la quiebra de la empresa de emergencias, entre otras razones porque sólo aportó a los tribunales las “supuestas pérdidas” de 2011, cuantificadas en 338.204 euros, pero ocultó los ingresos obtenidos a través de las compañías aseguradoras contra incendios, por valor de 973.000 euros.

También ha denunciado que el Ejecutivo llegó a comparar los servicios de emergencias con actividades empresariales de peluquería, restaurante de comida rápida y fundición para defender sus pretensiones. “Parece que para este presidente y esta consejera salvar vidas es lo mismo que cortar el pelo, freír pollo o fabricar tornillos”, ha indicado.

Por todo ello y a la vista de que su actuación ha sido “un auténtico desatino”, ha cuestionado que la consejera de Presidencia “no dimita” y que el presidente “no la cese” cuando “no le faltan los motivos”, porque se mantiene en su puesto con un planteamiento “absolutamente erróneo y perjudicial para todos, jugando con la seguridad de los cántabros, atacando a trabajadores cualificados para colocar a enchufados y empleando el dinero de todos en venganzas estériles contra los empleados públicos y los adversarios políticos”. “Ésta es la tónica de este Gobierno de la venganza, la inacción y la incompetencia, que cosecha reveses judiciales en cadena, tropezando una y mil veces en la piedra de su rencor”, ha enfatizado.

Finalmente y ante el “desmantelamiento” que sufre el servicio de emergencias en Cantabria y los “importantes problemas de seguridad en la protección civil” que conlleva su “deterioro interno por los recortes y los despidos de personal técnico cualificado”, ha anunciado que el Grupo Regionalista pedirá explicaciones en el Pleno del Parlamento del próximo 28 de abril.