El Grupo Parlamentario Regionalista presentará una enmienda a la totalidad contra la reforma de la Ley de Régimen Jurídico para intentar evitar la creación del “gobierno paralelo” que pretende el presidente de Cantabria, Ignacio Diego, y que ha quedado reafirmado esta mañana en la comparecencia en la Cámara de la consejera de Presidencia, Leticia Díaz, “a pesar de sus intentos por disimular la naturaleza de la modificación legislativa que ha presentado”.

Así lo ha dado a conocer el portavoz, Rafael de la Sierra, al término de la comparecencia, al considerar “plenamente corroborada” por Díaz la denuncia que él mismo realizó ayer sobre las intenciones de Diego de ampliar su gabinete, con una modificación legal que le otorga plenos poderes para crear “a su antojo y sin ninguna limitación” nuevos órganos superiores y de gobierno de la Administración Autonómica, figuras hasta ahora reservadas únicamente al propio presidente, vicepresidente, consejeros, secretarios, directores generales y subdirectores.

A su juicio, las explicaciones de la consejera sobre la necesidad de esa reforma para crear una Oficina de Ejecución y Control Presupuestario resultan “absolutamente insuficientes, porque carecen de rigor y plantean la similitud con otros órganos de asesoramiento de otras comunidades autónomas”. De hecho, ha asegurado que el jefe del Ejecutivo ya cuenta con competencias y no necesita cambiar la Ley de Régimen Jurídico para crear órganos de asesoramiento y nombrar a “cuantos asesores quiera, siempre que sus funciones sean realmente informativas”.

“Si sólo pretendiera crear un nuevo órgano con funcionarios ya existentes, debería garantizarlo en la ley, pero no lo hace, porque lo que busca es otra cosa”, ha recalcado De la Sierra.

Los poderes del presidente

En este sentido, ha explicado que la reforma remitida al Parlamento “otorga al presidente la potestad de crear una nueva estructura administrativa, con órganos superiores equiparables a los consejeros, desempeñados por personas afines y bien remuneradas, para sustituir o controlar la acción de las consejerías, lo cual no sería necesario si realmente la intención se limitara a crear una oficina de documentación y asesoramiento en materia presupuestaria”.

También ha calificado como “inaceptables por sesgados” los argumentos esgrimidos por la consejera sobre la imposibilidad de aumentar el gasto en personal, ya que el Gobierno puede incrementarlo en unas consejerías, y de hecho la de Presidencia es la que más lo aumenta en 2013, y reducirlo en otras. “Esta realidad se ha visto verificada hoy, cuando vemos en los presupuestos de Cantabria una disposición adicional que permite habilitar los créditos necesarios para poner en marcha la Oficina de Gestión Integral del Gasto, que según la consejera no necesita financiación alguna”, ha agregado.

De la Sierra cree por todo ello que las explicaciones de Díaz son “un pobre intento de justificar lo injustificable” y ha hecho un llamamiento a “la sensatez y la responsabilidad” para que el presidente “dé marcha atrás en una medida impresentable en un momento de crisis como el actual, cuando al mismo tiempo plantea recortes y medidas de reducción del gasto que no hacen más que empobrecer a los cántabros”.