El vicesecretario general y portavoz parlamentario del PRC, Rafael de la Sierra, ha asegurado hoy que si Cantabria tiene que devolver lo recaudado por la aplicación del céntimo sanitario será “el colmo de la estupidez”, después de que este impuesto haya provocado ya un retroceso de 25 millones de litros en el consumo de combustibles en beneficio del País Vasco, donde no se aplica, con una caída de la facturación de 20 millones de euros y la desaparición de 260 empleos en el sector de las gasolineras.

De la Sierra ha realizado estas declaraciones después de conocer la resolución del Tribunal de Justicia de la Unión de Europa que dictamina que dicho impuesto vulnera la legislación comunitaria. “A reservas de conocer en profundidad la resolución, parece que la ilegalidad del impuesto afecta, al menos, a todo lo recaudado antes de enero de 2013, que debería devolverse a los ciudadanos”, ha explicado el portavoz regionalista, para quien “parece indudable que cuando el recargo se implantó en Cantabria (junio de 2012) vulneraba la normativa comunitaria”.

Precisamente con el fin de conocer las consecuencias de esta sentencia para la Comunidad Autónoma, el Grupo Regionalista ha solicitado la comparecencia en el Parlamento del presidente regional, Ignacio Diego, a quien urgirá de nuevo a abolir el impuesto en su tramo autonómico, ya que desde su implantación “sólo ha supuesto pérdidas y perjuicios para los cántabros”.

A su juicio, las consecuencias de la implantación del céntimo sanitario en Cantabria y los propios razonamientos de la sentencia de la UE deben llevar a su supresión, porque “ya no valen medias tintas”, como la reducción del gravamen a la mitad acordada para este año.

“Es necesario que Diego rectifique de una vez y acabe con un recargo que nunca debió aplicar”, ha recalcado De la Sierra.

También ha indicado que el céntimo sanitario es “uno de los mayores errores” del Ejecutivo cántabro, por sus consecuencias “perversas” tanto para el sector de las estaciones de servicio, afectado por una caída de ingresos que ha provocado el cierre de varias gasolineras y la pérdida de cientos de puestos de trabajo, como para las propias arcas regionales, ya que “lo que han recaudado por un lado lo han perdido con creces por otro”.

Considera por ello que el presidente “debe rectificar de una vez y dar explicaciones públicas de su error, diciendo la verdad y reconociendo el desastre que ha ocasionado con un recargo injusto, que ha costado millones de euros a los cántabros sin conseguir nada a cambio”.