El vicesecretario general y portavoz parlamentario del PRC, Rafael de la Sierra, ha valorado hoy el rechazo del Gobierno de Cantabria a las alegaciones consensuadas por los ayuntamientos al plan de obras locales como un síntoma de “la nula vocación de consenso” del presidente regional, Ignacio Diego, a quien ha acusado de “imponer el ordeno y mando” y “despreciar” a los municipios.

“A Diego se le llena la boca con llamadas al diálogo y ofertas de acuerdo, pero a la hora de la verdad comprobamos que no son más que una trampa y un engaño”, ha asegurado el portavoz regionalista tras conocer los argumentos esgrimidos para rechazar las alegaciones presentadas por la Federación de Municipios de Cantabria (FMC) al proyecto para que los ayuntamientos ejecuten y financien obras de infraestructura, que el Ejecutivo sólo subvencionará a partir de 2016.

A su juicio, no existen “razones objetivas” para rechazar todas las propuestas de los ayuntamientos, máxime cuando son ellos quienes se ven abocados a adelantar íntegramente el coste de las obras por “imposición” del Gobierno. En consecuencia, cree que la auténtica motivación es “política” y “tiene todo que ver con el talante prepotente y despótico del presidente regional y su incapacidad para aceptar cualquier propuesta ajena”.

En este sentido, ha recalcado que las alegaciones contaron con el voto consensuado y unánime de todos los ayuntamientos representados en la Federación de Municipios, pertenecientes a distintas formaciones políticas. “Los 102 alcaldes de Cantabria no pueden estar equivocados, por más que este Gobierno y este presidente así intenten hacérnoslo creer”, ha precisado.

Además de indicar que las alegaciones de los ayuntamientos suponían un consenso entre todas las posturas y que los regionalistas pedían mayores garantías para que la orden de ayudas fuera “realmente útil”, ha exigido al Gobierno y a su presidente que reconsidere su posición y escuche “las más que razonables propuestas de todos los consistorios, incluidos los suyos, que pretenden una convocatoria más acorde a la situación real y a las posibilidades de los municipios”.  “Y que el presidente recupere palabras como diálogo y sentido común, que aparenta tener olvidadas”, ha subrayado.

Asimismo, ha recordado que el plan de obras municipales no puede ser “una imposición unilateral del Gobierno a los municipios”, por lo que ha apelado a la cooperación y el entendimiento entre administraciones como “base imprescindible para asegurar el mejor servicio a los ciudadanos”.

Finalmente, Rafael de la Sierra ha señalado que un presidente “capaz y sensato” no puede “negarse en redondo” a aceptar las propuestas unánimes de los alcaldes, ni actuar como si el plan de obras fuera “un regalo que deben aceptar sin rechistar”, cuando lo único que hace este proyecto es “cumplir la obligación legal que tiene el Gobierno de Cantabria de contribuir al mejor ejercicio de las competencias municipales”.