El PRC afirma que la APS está “expulsando” del fondeadero junto a la rampa de la Cruz Roja a las pequeñas embarcaciones

Fuentes-Pila señala que se les ha dado un plazo de 15 días para abandonar el fondeadero, bajo la amenaza de multas de hasta 60.000 euros

12 Abril 2015
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El candidato regionalista a la Alcaldía, José María Fuentes-Pila, ha afirmado hoy que la Autoridad Portuaria de Santander (APS), con el “beneplácito” del Ayuntamiento de la capital, está “expulsando bajo amenaza de grandes multas” a las pequeñas embarcaciones que han utilizado durante décadas el “histórico fondeadero” situado junto a la rampa de Cruz Roja en Castilla-Hermida.

En concreto, ha señalado, los propietarios de las embarcaciones han recibido una carta certificada de la APS en la que se les un plazo de quince días para abandonar este emplazamiento,  bajo la amenaza de multas de hasta 60.000 euros más los costes derivados de la retirada de los barcos si no lo hacen.

El regionalista, que, acompañado de miembros de su candidatura, se ha reunido con algunos de los afectados, ha señalado que este emplazamiento ha sido donde “históricamente” han fondeado sus barcos pescadores retirados de Castilla-Hermida y el Barrio Pesquero, y constituye hoy “una seña de identidad en la única zona de Santander que ha mantenido su identidad pesquera”.

“Son embarcaciones modestas, pequeños botes y lanchas que no tienen más función que permitir a muchos jubilados seguir vinculados al mar”, ha dicho al respecto.

Fuentes-Pila ha destacado que los afectados saben que la situación del fondeadero es “alegal, como lo ha sido durante los últimos cien años”, y que ninguno de ellos se opone a pagar la tasa que sea preceptiva por amarrar sus pequeñas embarcaciones, pero lamentan “el modo de proceder de la Autoridad Portuaria y el silencio cómplice del Ayuntamiento de Santander”. “Cien años después deciden acabar con el fondeadero y lo hacen a través de una carta y bajo la amenaza de multas que ninguno de los afectados podría pagar”, ha lamentado.

Así, el candidato ha criticado que ni la Autoridad ni el Ayuntamiento han tenido “ni siquiera la consideración de mantener una reunión con los afectados, informales de este cambio de opinión sobre el fondeadero, darles un plazo razonable para el desalojo u ofrecerles una solución alternativa”. “Nos preguntamos por qué precisamente ahora se actúa de esta manera”, ha señalado.

“No decimos que los botes deban estar ahí, sí decimos que lo lógico, después de años y años de estar en ese lugar, hubiese sido un mínimo de consideración con los propietarios, que no se oponen a legalizar sus amarres”, ha finalizado el candidato.