El vicesecretario general y portavoz parlamentario del PRC, Rafael de la Sierra, ha acusado hoy al presidente regional, Ignacio Diego, de aprobar “a la chita callando” la transformación de la Oficina de Control del Gasto en un órgano asesor atendido por personal de confianza, con un coste cercano a los 500.000 euros anuales en sueldos, que se suma al 1,5 millones de euros que ya supone la plantilla a su servicio en el Gobierno.

Tras la publicación hoy en el Boletín Oficial de Cantabria (BOC) de los decretos que regulan el funcionamiento de este nuevo órgano, aprobados por el Consejo de Gobierno el 28 de marzo, De la Sierra se ha declarado “muy sorprendido” porque la consejera de Presidencia, Leticia Díaz, “omitió y ocultó” dicho acuerdo durante su comparecencia en el Parlamento el día 31 para responder a las preguntas que él mismo le formuló respecto a esta oficina.

“No deben estar muy ufanos con lo que han hecho cuando lo han ocultado hasta que no les ha quedado más remedio que publicarlo en el BOC”, ha apostillado.

Para el portavoz regionalista, la decisión del Gobierno de llevar adelante esta “nueva versión” de la Oficina de Control del Gasto constituye “un auténtico despilfarro”, ya que incrementa el coste del personal al servicio del presidente con el único objetivo de cubrir funciones que le corresponden al propio Diego y a sus consejeros. “Si no se fía de ellos o no está satisfecho con su trabajo, lo que debe hacer es cesarlos y nombrar a otros nuevos, en lugar de incrementar los puestos de confianza y los gastos del Gobierno en personal para que sean otros asuman sus competencias”, ha agregado.

Además, ha subrayado que las funciones encomendadas a este órgano “con carácter meramente asesor” ya son ejercidas en la actualidad por funcionarios de la Administración Autonómica, a través de la Intervención, la Dirección Jurídica y la Dirección General de Presupuestos.

Por todo ello, De la Sierra considera que esta oficina no es más que “un capricho” propio de “la megalomanía de Ignacio Diego” y en la práctica supondrá “justo lo contrario de lo que necesita Cantabria en este momento: más gasto público en personal y más trámites burocráticos, por si la pesadez de la Administración fuera poco”.

De hecho, ha destacado que la experiencia acumulada desde que “la anterior versión” fue puesta en marcha de forma experimental en abril 2013 ha sido “un auténtico desastre”, con deficiencias de funcionamiento que podrían dar lugar incluso a la nulidad de toda la actividad que ha desarrollado.

De la Sierra ha recordado en este sentido que la actividad de la Oficina de Control Integral del Gasto ha incumplido los requisitos legales establecidos por el propio Gobierno, lo cual puede derivar en la nulidad de los 331 informes que ha emitido y que han determinado la conformidad o disconformidad con los principales expedientes de gasto tramitados por el Gobierno en sus 9 meses de actividad.

Asimismo, ha asegurado que ninguno de sus informes cuenta con la firma de un responsable, ni ha sido motivado, en contra de lo establecido en la Ley de Régimen Jurídico.

“La primera experiencia nos salió cara por los innumerables errores acumulados, pero más cara nos va a salir a partir de ahora, con el nombramiento de 7 nuevos cargos y un director, a cuyo coste habrá que sumar sin ninguna duda los previsibles contratos de asistencia con empresas privadas”, ha concluido el portavoz del PRC.