El Partido Regionalista de Cantabria ha conseguido el respaldo de todo el Parlamento de Cantabria a su propuesta para urgir al Gobierno de Pedro Sánchez que cubra las plazas de secretarios, tesoreros e interventores en los municipios de Cantabria.

La portavoz regionalista en esta materia, Rosa Díaz, durante su intervención en la sesión plenaria ha subrayado que 33 de los 102 municipios de Cantabria “carecen” de estas figuras que son “claves” para garantizar la seguridad jurídica y la legalidad en la gestión diaria de los ayuntamientos. 

Díaz ha apuntado que “la falta de estos habilitados nacionales” provoca “la paralización o la ralentización” de la gestión de los ayuntamientos. Una situación, ha señalado, que los municipios llevan “años” sufriendo, porque el Gobierno central ha “convocado plazas con cuenta gotas” y que no ha sido mejorado con la modificación del Real Decreto 128/2018 no ha ayudado a mejorar la problemática porque es “más restrictivo” en cuanto al número de acumulaciones que se permite por habilitado nacional respecto a las funciones que le son reservadas, limitándose a una única acumulación por funcionario. 

Al hilo, ha explicado que “la ausencia” de estos profesionales que, en muchas ocasiones se están cubriendo con auxiliares o con funcionarios de igual rango está provocando “falta de seguridad jurídica o legal”. 

Por ello, ha insistido en que los que piden los ayuntamientos es tener “seguridad jurídica y legal” en la toma de decisiones y en las actuaciones que desarrollan. “Los habilitados nacionales son los que mejor nos pueden garantizar esos dos principios: seguridad jurídica y legalidad”, ha insistido. 

La ausencia de estos funcionarios está provocando la acumulación de expedientes, el retraso de los mismos, así como la acumulación de las facturas. Un hecho que se agrava en los municipios de menos de 5.000 habitantes donde la figura del secretario e interventor se acumula en una sola persona. 

Una situación que puede agravarse porque los habilitados nacionales que se incorporaron en los años 80 y 90 del siglo XX están próximos a su jubilación. Solo en Cantabria, en 2020, había 33 plazas sin cubrir. 

En la propuesta de resolución de la PNL impulsada por los regionalistas, se propone al Gobierno de Cantabria instar al Gobierno central a convocar plazas y realizar procesos selectivos “ágiles de funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter nacional, en cantidad suficiente para cubrir las necesidades de todas las Entidades Locales de España”. 

Y a la modificación del Real Decreto 128/2018, en el sentido de “eliminar la restricción en cuanto al número de acumulaciones de funciones reservadas a estos habilitados de carácter nacional, en tanto en cuanto se cubran las vacantes, evitando, a su vez, interpretaciones restrictivas para la cobertura provisional por dichos funcionarios”.

Blindaje a Dependencia y Discapacidad 

Por otra parte, el Grupo Regionalista ha apoyado la Proposición de Ley modificar una disposición de la Ley de Derechos y Servicios Sociales, solicitada por todos los grupos de la Cámara que supone que Cantabria sea la primera comunidad de España en garantizar que los incrementos salariales en Dependencia y Discapacidad se repercutirán en los precios de concertación. 

El portavoz parlamentario, Pedro Hernando, ha subrayado que “es muy importante blindar por ley” garantizar estos incrementos para que “gobiernos futuros” no puedan dejar “exhaustas las arcas del sistema en dependencia o en la Administración local. Hay muchas experiencias pasadas”.

Por ello, ha incidido en que, en esta materia, “es fundamental el consenso, el acuerdo y la unanimidad”.