El Comité Local del Partido Regionalista de Cantabria en Vega de Pas ha reclamado al alcalde que “reponga” el servicio de transporte sanitario después de que lo haya “suprimido” y “echado” al conductor contratado y “no haya” puesto en funcionamiento “ninguna alternativa, más allá de indicar a los vecinos que usen un taxi”.

Los regionalistas han recordado que el Ayuntamiento dispone de un vehículo adaptado de 9 plazas para la realización de este servicio desde el año 2002, que era atendido por un trabajador contratado a jornada completa. Este servicio atendía las necesidades de los vecinos en sus traslados a consultas médicas en los hospitales públicos o a centros privados, por el que los usuarios tenían que abonar unos 23 euros, teniendo la posibilidad de ir acompañados, según aprobó el pleno.

Asimismo, han aclarado que este servicio era atendido por un trabajador municipal hasta octubre de 2015 que fue echado por el alcalde, el ‘popular’ Juan Carlos García, “sin motivo alguno”, tal como demostró el acuerdo extrajudicial alcanzado entre el afectado y el Consistorio, que tuvo que readmitirlo.

Por ello, los regionalistas han lamentado que el alcalde “no adscribiera nuevamente” al citado trabajador al servicio de transporte sanitario. “En su lugar, García mandó a este servicio a diferentes trabajadores contratados a través del EMCAN, sin que les correspondiera dicha función, y cuando éstos no estaban a otras personas, sin mediar proceso de selección alguno”, han apostillado.

Además, los regionalistas han desvelado que una reciente inspección de trabajo ha demostrado que, al menos, una persona ha realizado este servicio “sin contratar”, lo que ha provocado “la suspensión” del servicio.

“Si el alcalde gestionara Vega de Pas adecuadamente esto no habría pasado. Debe dejarse de revanchas y adscribir nuevamente al trabajador echado y readmitido a sus tareas”, han apuntado.

Igualmente, instan a García a que explique las contrataciones realizadas desde 2015 para dar cobertura a este servicio, así como el procedimiento seguido y los ingresos percibidos. “El alcalde debe abandonar la mentira,  asumir su responsabilidad y reponer el servicio en las mismas condiciones con las que se prestaba desde su entrada en funcionamiento”, han concluido.