El Partido Regionalista de Cantabria propone que las pensiones “se revaloricen” en base al IPC y  “se garanticen” en la Constitución para que “no se pueda alterar nunca el sistema público de pensiones” y rechaza la intención del Parlamento Europeo de “privatizar” el sistema. 

Por ello, el Grupo Regionalista en el Parlamento de Cantabria ha registrado hoy, junto al PSOE y Podemos, una proposición de ley “para dar cumplimiento al compromiso adquirido con los pensionistas”, ha subrayado el portavoz parlamentario, Pedro Hernando. 

Hernando ha confiado en que los grupos, con representación en el Congreso de los Diputados, “asuman” estas reivindicaciones y “garanticen” el sistema público de pensiones “actuales y futuras”, para lo que se plantea un pacto de Estado en el marco de la Comisión del Pacto de Toledo. 

En la iniciativa, los regionalistas rechazan que las pensiones sean “insostenibles e inviables” como sostienen algunos grupos económicos y de poder, y defienden que son “un instrumento primordial para luchar contra la pobreza y garantizar la cohesión social y el derecho de igualdad” que avala la Constitución. 

Además consideran “una obligación” que los poderes públicos, dentro del Pacto de Toledo, “defiendan”  el sistema así como su sostenibilidad y financiación, pero no solo en España sino también en el marco europeo porque su propuesta “se configura como un mecanismo de acumulación de capitales” y “renuncia” a que las pensiones públicas “sean suficientes”. 

De hecho, el planteamiento europeo enumera como promotores de la Propuesta de Reglamento sobre un Producto Europeo de pensiones individuales a los bancos y compañías de seguros y lo hace “como gestores de los fondos y planes de pensiones”, lo que “perjudica” a los trabajadores como los salarios más bajos, al no poder destinar fondos a los planes y acceder a las desgravaciones fiscales, y puede conllevar “el desvío de cotizaciones sociales a empresas privadas”. 

Para los regionalistas, esta propuesta europea “no busca garantizar” unas pensiones dignas, sino “obtener más capital, acumularlo y canalizarlo” hacia inversiones financieras de alto riesgo que contribuyen a “incrementar la probabilidad y gravedad de las crisis financieras que pagan los colectivos en situación de mayor riesgo social”. 

Por ello, la proposición no de ley insta al Gobierno de España a “garantizar la revalorización real de las pensiones reverenciando el IPC”, sustituyendo el actual índice por otro que “garantice el poder adquisitivo de las pensiones actuales y futuras”. 

También insta a los grupos del Congreso a “formalizar” una pacto de Estado en el Marco de la Comisión del Pacto de Toledo” que “garantice y preserve las pensiones públicas actuales y futuras”; y a que, dentro de los trabajos de la reforma de la Constitución, se incluyan las pensiones públicas como derecho fundamental para que “ningún gobierno” pueda “tocar, recortar o privatizar, total o parcialmente” el Sistema Público de Pensiones. 

Y, por último, plantean dirigirse al Parlamento europeo para manifestar su rechazo a la propuesta de Reglamento sobre un Producto Paneuropeo de Pensiones Individuales,  solicitar su retirada “íntegra e inmediata, en defensa de la dignidad y suficiencia” de las mismas y eliminar las desgravaciones fiscales a las aportaciones de los fondos de pensiones privados.