El Partido Regionalista de Cantabria ha avisado que “23 millones de los cántabros” van a ir a “pagar” el impuesto de la gasolina si los Presupuestos Generales del Estado para 2018 se aprueban definitivamente como están redactados. 

Así lo ha argumentado el portavoz regionalista durante el debate de la proposición no de ley presentada por el Grupo Parlamentario Regionalista cántabra en la que insta a los diputados nacionales por la Comunidad Autónoma a que presenten las enmiendas o iniciativas necesarias para que el tipo impositivo especial sobre los hidrocarburos se mantenga en el límite actual, de 24 euros por cada mil litros, frente al previsto de 72 euros cada mil litros. 

Una iniciativa que ha salido adelante con los votos del PRC, PSOE, Podemos y el diputado del Grupo Mixto Juan Ramón Carrancio, pero que ha tenido el contrario del Partido Popular y Ciudadanos. 

En su intervención, Hernando ha subrayado que este impuesto “afecta a todos por igual”.  “Creo que estaremos de acuerdo en considerar fundamental para la economía de Cantabria y para el bolsillo de todos los ciudadanos que necesitan el coche para circular, el tractor o el camión para trabajar o llenar el depósito del barco para salir a faenar”, ha sostenido.

El portavoz regionalista ha considerado que se trata de “una medida injusta y desproporcionada” que prevé la aplicación del “tipo máximo permitido”, lo que supondrá “una subida del impuesto desmedida”. 

Por ello, ha interpelado al PP y a Ciudadanos, “que repiten que el dinero tiene que estar en el bolsillo de los cántabros”, si iban a apoyar esta propuesta que supondrá que los ciudadanos de Cantabria cuenten con 23 millones de euros menos. “Este es un sablazo de verdad, pero por la puerta de atrás”, ha remachado. 

El portavoz regionalista ha recordado que Cantabria es, junto a con Castilla y León, País Vasco, Navarra y La Rioja, una de las comunidades cuyo gobierno ha decidido “no aplicar” este impuesto, que es más conocido como ‘céntimo sanitario’. 

Un impuesto que inició el presidente José María Aznar en 2002 y que, en Cantabria, aplicó el Ejecutivo de Ignacio Diego, lo que generó pérdidas en el sector, protestas de sectores profesionales y ciudadanos por suponer “un gravamen económico injusto y muy perjudicial para la economía”.