El diputado nacional del PRC, José María Mazón, ha demandado hoy al Gobierno de España que tramite el Real Decreto de adaptación del impuesto de plusvalía a la doctrina del Tribunal Constitucional como proyecto de ley, con el fin de dar “garantías” y “evitar” confusión en su aplicación tanto a los ayuntamientos como a los ciudadanos. 

Mazón se ha pronunciado en estos términos en el Congreso de los Diputados durante el debate de aprobación del Real Decreto-ley 26-2021, por el que se adapta la Ley de Haciendas Locales a la reciente jurisprudencia del Tribunal Constitucional emitida el pasado mes de octubre y que complementa a las dos anteriores de 11 de mayo de 2017 y el 31 de octubre de 2019.  

En este sentido, ha considerado que este Real Decreto es “necesario” y “cauto”, en lo referente a la constitucionalidad de los efectos retroactivos. No obstante, ha apuntado que “tiene problemas”, por lo que ha instado a que se tramite posteriormente como un proyecto de ley. 

En su opinión, la tabla de coeficientes “carece de lógica jurídica y matemática”, y además se deberá “cambiar todos los años” y “por zonas”, lo que resultará “muy difícil de aplicar” por parte de los ayuntamientos y creará “confusión” entre los ciudadanos. “Hay que simplificarlo”, ha declarado. 

Por otra parte, en lo referente a las inversiones que puedan realizar los propietarios en sus viviendas para mejorarlas, porque en el futuro tendrían que  vender “con pérdidas” y “toda su inversión va a repercutir en un incremento patrimonial proporcional al valor del suelo. Se aleja del hecho impositivo”, ha dicho. 

Como ejemplo, ha puesto un ciudadano que adquiera una vivienda antigua por 80.000 euros,  invierta otros 80.000 en su rehabilitación y, pasados cuatro o cinco años, tenga que realizar su venta por 150.000 euros. 

Por ello, ha abogado porque se tramite como proyecto ley o se realicen modificaciones pertinentes en aquellas leyes que afecten a la financiación de los ayuntamientos. 

El impuesto de Plusvalía es una de las principales fuentes de financiación de los ayuntamientos, por lo que el diputado nacional del PRC apoyará la convalidación de este Real Decreto para que las administraciones locales cántabras puedan ingresar los más de 30 millones de euros que se estima que reciben por este impuesto, pero confiando en que se modifique en su tramitación como ley.