El senador autonómico y diputado regional del Partido Regionalista de Cantabria, José Miguel Fernández Viadero, ha llevado nuevamente al Senado el debate sobre la falta de efectivos de la Guardia Civil en la Comunidad Autónoma, especialmente, en los cuarteles del medio rural cántabro. 

Para ello, Fernández Viadero ha registrado un total de 74 preguntas referidas a los plazos que maneja el Gobierno de España para aumentar la dotación de efectivos de la Guardia Civil en la Comunidad Autónoma además de preguntar por los horarios de atención al público, el número de agentes asignados a cada uno de los cuarteles existentes en Cantabria, así como la evolución experimentada por estos a lo largo de los últimos 10 años. 

El senador autonómico del PRC ha insistido en este tema después de transcurridos ocho meses desde que el ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska, se comprometiera a aumentar los efectivos de la Guardia Civil en Cantabria “y aún no sepamos nada”. 

Fernández Viadero ha insistido en que la seguridad ciudadana “es un pilar fundamental” para los ciudadanos y, en los núcleos rurales, que no tienen policía local la presencia de los agentes de la Guardia Civil aportan “protección y atención a los vecinos”. 

Por ello, ha lamentado que, a lo largo de los últimos 10 años, muchos municipios de Cantabria han visto como se reducía el número de agentes como el número de horas de atención al público. De hecho, ha denunciado que, en algunos casos, el cuartel solo abre un día a la semana. 

Además, ha explicado que la actividad de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad se está concentrando en los municipios cabecera de comarca, muchas veces a kilómetros de distancia de donde se produce la emergencia, especialmente, en estos momentos que se está viendo un aumento del número de robos y de ocupación ilegal de viviendas. 

De este modo, la reducción del número de efectivos y de horas de atención, está provocando que los ciudadanos “no reciban una respuesta adecuada cuando requieren la presencia de la Guardia Civil”. 

Fernández Viadero ha insistido en que “es necesario devolver” la actividad a los cuarteles rurales cerrados o el horario de atención al público en aquellos que se ha reducido; llevar a cabo un plan de mejora y mantenimiento de las instalaciones, tanto de dependencias oficiales como de viviendas; y “habilitar” al personal de entre 60 y 65 años, para la realización de labores administrativas, lo que permitiría “ampliar el número de efectivos que pueden realizar servicio de protección de la seguridad ciudadana.