El Tribunal de Cuentas cuestiona la adjudicación del centro deportivo de Nueva Montaña

Fuentes-Pila explica que un informe constata este “escándalo mayúsculo”, además de la “privatización” de la propia administración y un modificado de obra sin acreditar

18 Enero 2013

El Tribunal de Cuentas considera que el Instituto Municipal de Deportes (IMD) “no determinó con precisión” el objeto del contrato para la construcción del Centro Deportivo de Nueva Montaña, una “imprecisión” que, a juicio del organismo, “pudo influir en el resultado fallido” de los dos concursos convocados para adjudicar este proyecto que, finalmente y al quedar desierto, se adjudicó directamente mediante un procedimiento negociado sin publicidad a la empresa ‘Ingesport’ en 7,8 millones de euros.

Además, el informe de fiscalización del sector público local correspondiente a 2012 en el que se incluye esta resolución, critica también que el Consistorio santanderino incluyese en el contrato de servicios complementarios a la recaudación de tributos  actuaciones que “implicaron el ejercicio de autoridad inherente a los poderes públicos” y que, por tanto, debían haber realizado empleados públicos. En una tercera valoración, hace referencia al modificado del 28 por ciento que se aprobó durante la ejecución de las obras de mejora de las redes de abastecimiento y saneamiento en el Paseo Menéndez Pelayo. Un modificado realizado sin que, según el Tribunal, se acreditase “suficientemente” que respondiera a “nuevas necesidades no susceptibles de haberse previsto en el respectivo contrato primitivo”.

El portavoz del Grupo regionalista, José María Fuentes-Pila, quien dio a conocer el contenido del informe, considera que las conclusiones del Tribunal de Cuentas constituyen un “escándalo mayúsculo”, ya que “evidencia, no sólo cómo se adjudican los contratos en este Ayuntamiento, sino también que el Partido Popular de Santander da un paso más y quiere privatizar también la propia administración”. Además, ha criticado que esta “gestión” se realiza en el Consistorio que dirige un alcalde, Iñigo de la Serna, que es “el representante de los alcalde de toda España”. “Si esta es la gestión pública que defiende el presidente de la Federación de Municipios estamos apañados”, ha enfatizado.

Sobre el centro deportivo, Fuentes-Pila critica que el IMD adjudicase directamente “a la empresa que creyó conveniente” el contrato, después de un “paripé” de procedimiento abierto. “El contrato ni siquiera dice qué se quiere construir”, critica el regionalista, quien se ha preguntado qué empresa se va a presentar a un contrato si no se le dice para qué es”.

“Una vez adjudicado a dedo –prosigue- el Tribunal de Cuentas sostiene que la empresa adjudicataria no hizo el trabajo que se le encomendó, ya que Ingesport debía encargarse de realizar el proyecto de obras y, sin embargo, esa labor la ha realizado otra empresa”, ha explicado. En concreto, el informe señala que el Ayuntamiento ha “remitido un proyecto que no consta que fuera redactado por el concesionario de obra pública, a pesar de formar parte del objeto de dicha concesión, sino por una empresa distinta que, además, fue la encargada de la dirección técnica de las obras”.

Además, Fuentes-Pila ha explicado que el escrito del Tribunal de Cuentas constata que se produce un retraso “importante y extraordinario” en la realización de las obras, que debían estar acabadas en once meses desde la firma del contrato, en enero de 2011, y no se comienzan hasta pasados un año y siete meses de la rúbrica.

Ante esta situación, el regionalista ha preguntado por qué no se especificó para qué era el contrato, si se ha penalizado a la empresa por el retraso y si se ha pagado a la empresa por la redacción del proyecto que hizo otra empresa. “No parece que hubiera mucho interés en adjudicar esta obra por los cauces ordinarios”, ha opinado.

Recaudación de tributos

En cuanto a la recaudación de tributos, el informe sostiene que los pliegos de prescripciones técnicas de servicios complementarios a la función recaudatoria del Ayuntamiento de Santander incluyeron, entre las actividades objeto de contratación, actuaciones que implicaron el ejercicio de autoridad inherente a los poderes públicos, entre lo que cita la tramitación de expedientes de apremio, la investigación de bienes y derechos de los deudores y la tramitación de los expedientes de derivaciones de responsabilidad, entre otros.

Aunque el Ayuntamiento alegó en este caso que los trabajos ejecutados fueron puramente administrativos, el Tribunal rebate esta afirmación y sostiene que “en la liquidación final se incluyeron conceptos propios del ejercicio de la función recaudatoria”.

Además, el informe sostiene que los pliegos establecían la obligación del adjudicatario de efectuar inversiones informáticas y de material de oficina, que “pasarían a ser propiedad del Ayuntamiento, por importe anual de 125.000 euros, más IVA”.

Sobre este extremo, el portavoz regionalista ha señalado que esta “privatización de funciones” es un “hecho gravísimo” que dice muy poco de la “valoración del alcalde sobre la capacidad de sus funcionarios”. “Se siguen procesos de selección para elegir a los mejores empleados gracias a los que contamos en esta administración con unos trabajadores absolutamente capaces y comprometidos con la función pública para acabar dejando en manos privadas una gestión que nunca debió salir del entorno público”, ha opinado.

Además, se ha preguntado si este “burdo intento privatizador” tiene “algo que ver” con la reciente sentencia de la Audiencia Provincial que ha condenado a dos años de cárcel a un gestor que defraudó a Hacienda en el pago del IVA de los servicios que prestaba al Ayuntamiento.

Por último, y antes estas “gravísimas realidades que constata el Tribunal de Cuentas sobre cómo se gestiona este Ayuntamiento”, el portavoz ha afirmado “estar ya esperando” a que el “alcalde llegue a Santander y explique todas y cada una de estas cuestiones”.