El Partido Regionalista de Cantabria quiere que los presupuestos generales del Estado contemplen una partida finalista para “garantizar” la financiación de la atención a la dependencia, ya que el Ejecutivo de Mariano Rajoy “no paga lo que le corresponde”.

En este sentido, la diputada regionalista y portavoz en la materia, Rosa Valdés, ha recordado que el Gobierno central debe a Cantabria 208 millones de euros en atención a la dependencia, ya que “ha sido el Ejecutivo de Miguel Ángel Revilla el que ha hecho frente al 84% de la financiación “cuando debe ser al 50%”, ha subrayado. 

“Un esfuerzo económico que, en 2017, supuso que el Gobierno regional aportara 111,6 millones de euros a la atención de la dependencia, mientras el Ejecutivo de Rajoy solo dio 20,6”, ha denunciado Valdés. 

Y ha subrayado que Cantabria “soporta” la red de atención a la dependencia más cara de España, con un gasto público por beneficiario de 7.683 euros de media al año. 

Por ello, la portavoz regionalista ha incidido en  que “es necesario establecer mecanismos que avalen y garanticen la viabilidad y sostenibilidad del sistema, dada la cerrazón del Gobierno del Partido Popular en reconocer el verdadero coste del sistema”. 

Con ese objetivo, los regionalistas han presentado una moción, para su debate en el pleno del lunes, en el que hacen un llamamiento a los diputados por Cantabria y a sus grupos para que, vía enmienda, los Presupuestos Generales del Estado para este año “consignen las cuantías económicas suficientes que garanticen el equilibrio de financiación del sistema de atención a la dependencia entre el Estado y las Comunidades Autónomas”. 

Igualmente, instan al Gobierno de Cantabria a que inste a su vez al Gobierno de España a “revertir los recortes producidos en las modificaciones legislativas aprobadas en el año 2011 y, en especial, el Real Decreto ley 2/2012” porque “rompe el equilibrio financiero del sistema establecido por Ley” y a “garantizar” el acceso al sistema “con equidad y carácter universal”. 

Por último, plantean que el Gobierno de España “dote al Sistema para la Autonomía y Atención de la Dependencia en los próximos ejercicios presupuestarios de los recursos necesarios, y con carácter finalista, con el fin de preservar el cumplimiento de los objetivos establecidos en la Ley”.