El PRC pide la convocatoria de un Pleno Extraordinario al objeto de pedir responsabilidad patrimonial contra Diego y Cortina por fraude fiscal

PSOE, PRC e IU insisten en que tanto el actual presidente regional como el alcalde de Astillero, han ocasionado “conscientemente” un enorme perjuicio a las arcas municipales y “deben hacer frente al pago de su propio bolsillo”

1 Febrero 2013

PSOE, PRC e IU han registrado en el Ayuntamiento de El Astillero sendas peticiones para la celebración de una Comisión y Pleno Extraordinario al objeto de proceder al inicio de un expediente de responsabilidad patrimonial contra Ignacio Diego y Carlos Cortinas, actual presidente regional y alcalde de Astillero respectivamente, por fraude fiscal.

Tal petición responde a la sentencia emitida por el Tribunal Supremo el pasado 4 de octubre de 2012, en la que se hace alusión a los daños y perjuicios causados al Ayuntamiento de Astillero, por el fraude fiscal conscientemente realizado con existencia de culpa y negligencia graves, por parte de Ignacio Diego y Carlos Cortina, durante su etapa como alcaldes, al no haber ingresado el IVA correspondiente a la transmisión de una parcela, lo que ha supuesto al Ayuntamiento la obligación de hacer frente al pago no ya de la cantidad defraudada, sino de la multa equivalente, los intereses desde el año 2.003, en total unos 656.000 euros, más los gastos judiciales relativos a las sucesivos recursos jurisdiccionales que elevarán considerablemente esta cantidad. A lo que habrá que sumar también los intereses de Hacienda que ascenderán a un 5% anual, si finalmente el consistorio lleva el pago de la deuda de forma fraccionada. 

La oposición entiende que  tales hechos son base suficiente para que sea posible la tramitación de este expediente administrativo en cuanto a la  determinación de la responsabilidad de los gestores políticos. “Es claramente constatable que en el caso que nos ocupa existe un perjuicio económico cuantificable  para el Ayuntamiento de Astillero, aun sin posibilidad de determinar por desconocer los gastos que han acarreado los sucesivos recursos. Igualmente constatable es la existencia de dolo, culpa o negligencia por parte del entonces alcalde y el actual, a tenor de las sentencias dictadas por las salas correspondientes de Tribunales Económicos, Audiencia Nacional y el propio Tribunal Supremo, en las que se dice textualmente que nos encontramos ante un fraude fiscal”.

Por ello insisten en que tanto Ignacio Diego como Carlos Cortina han ocasionado un grave perjuicio económico a las arcas municipales y deben responder por ello. “El primero por repercutir y no ingresar un impuesto al que el Ayuntamiento estaba obligado, disfrutando por ello de beneficios fiscales y por ocultación , prueba de ello es que la sanción impuesta lo es en su máximo porcentaje y asciende al 100% de la cantidad defraudada, tal y como se reconoce en las distintas sentencias recaídas en cada una de las instancias judiciales recurridas; y el segundo por su participación directa en la firma del acta de disconformidad, y su obstinación en seguir recurriendo instancia tras instancia cuando ya habían recaído sentencias desestimatorias todas condenatorias para el ayuntamiento, lo que no ha hecho sino demorar más lo que ya se preveía inevitable e incrementar la cantidad final que el Ayuntamiento debe desembolsar de los fondos públicos, aumentando el perjuicio económico”, concluyen.