El Grupo Parlamentario Regionalista de Cantabria se ha abstenido hoy en la proposición de ley de modificación del suelo para “no perjudicar” a los ciudadanos en los “hipotéticos beneficios” de la citada proposición, pero ha incidido en “los errores” que presenta el documento.

De hecho ha presentado una enmienda ‘in voce’, con arreglo al artículo 126 del reglamento del Parlamento en el que se expresa que durante  “el debate la Presidencia podrá admitir enmiendas que tengan por finalidad subsanar errores o incorrecciones técnicas, terminológicas o gramaticales”.

En este sentido, la enmienda regionalista solicitaba que en los artículos 4.1 y 4.2 donde se dice “será preciso ofrecer una vivienda o local comercial de sustitución” se añada “en propiedad”, con el objeto de “garantizar” el derecho de propiedad, según ha subrayado la diputada regionalista y portavoz en este punto, Rosa Díaz.

Díaz ha lamentado que tanto el proponente, el Grupo Popular, como los dos grupos que han apoyado la iniciativa, Podemos y Ciudadanos, no hayan aceptado la enmienda y “no hayan dado ni un solo argumento en contra de la crítica” realizada por el PRC a esta proposición de ley.

La diputada regionalista ha subrayado que se trata de una crítica “técnica” por los errores que contiene el documento, las “imprecisiones y dudas” que genera, y los beneficios fiscales que da al promotor. Además ha reiterado que “no recoge ni una sola” propuesta para regeneración y reforma de los barrios “que era el primer objetivo de los vecinos”, tal como expresaron en ponencia, “siendo el realojo y el retorno, una segunda opción”.

De este modo, ha puesta como ejemplo las dudas que surgen si la vivienda es proindiviso y uno de las personas que la habita quiere una vivienda de sustitución y el otro una indemnización; no aclara qué ocurre cuando no existe acuerdo entre el promotor y el realojado; o si el realojado no se traslada en los tres días previstos.

No obstante, ha reconocido que hay “bastantes cuestiones que nos gustan y debieran incorporarse” al proyecto de ley del suelo del Gobierno “si es que no lo incorpora ya”.

Sierrallana

Por otra parte, el Grupo Regionalista se ha opuesto a la proposición no de ley presentada por el PP para la ampliación del Hospital Sierrallana porque el Gobierno de Cantabria ya tiene preparado un plan funcional para este hospital y el de Laredo.

En este sentido, la diputada regionalista Rosa Valdés ha destacado que se prevé una inversión de 19 millones de euros, en poco más de tres años,  aprobado por el Servicio Cántabro de Salud, “con el consenso de los profesionales y con una tramitación administrativa avanzada”. Y que permitirá la futura construcción del nuevo edificio con una inversión presupuestaria de 1,4 millones de euros en 2017.

El Grupo Regionalista ha apoyado sendas mociones presentadas por el Grupo Mixto-Ciudadanos y PP relacionadas con el control respecto al funcionamiento de las empresas públicas y criterios para la ejecución de inversiones del programa y coordinación y promoción de turismo, respectivamente.

En cuanto a la moción de Ciudadanos, Francisco Ortiz ha indicado que supone instar al Ejecutivo regional a que "adquiera o reafirme un compromiso público en defensa de una gestión eficaz, responsable y transparente" de las empresas públicas.

Asimismo, ha destacado que el actual Gobierno haya conservado al interventor nombrado por el PP en la anterior legislatura. "Mayor independencia no se puede mostrar", ha apostillado.

Por último, Ana Obregón ha subrayado que los objetivos de la Dirección General de Turismo “persigue” que “los recursos se conviertan en productos turísticos”, siendo los ayuntamientos “los que toman la iniciativa” que se va a desarrollar.

Además, ha asegurado que "no es un problema de sesgo" sino de "falta de iniciativa de los alcaldes del PP", que según ha dicho no han presentado proyectos pese a que se les informó de estas ayudas.

Asimismo, ha defendido que la Consejería de Turismo creó esta partida de un millón de euros en el capítulo de inversiones para "tratar de paliar los efectos de la desaparición" de la línea de ayudas estatal existente desde los años 90.