El Grupo municipal regionalista llevará al próximo Pleno municipal una moción para que, en el plazo máximo de quince días, se celebre una mesa de trabajo para analizar los efectos de la anulación del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) por parte del Tribunal Supremo (TS), que esté integrada por representantes del Servicio Jurídico de Fomento y Urbanismo y de los servicios de Obras y Urbanismo del Ayuntamiento, así como por el equipo de Gobierno, los concejales de la oposición y cuantos organismos se estime oportuno para su desarrollo.

La moción, suscrita por el concejal Raúl Huerta y registrada esta mañana, pide también que se habilite una ‘Oficina de Atención’, de carácter temporal, destinada a informar in situ a vecinos y empresas afectadas por la anulación del PGOU y dotarla de un número de teléfono o extensión propia para la atención telefónica, así como de los recursos humanos y materiales para conseguir sus objetivos. Quieren, además, que se publiciten convenientemente ambas medidas para su conocimiento por parte de los afectados.

Según ha explicado Huerta, su formación se ha visto “obligada” a presentar esta propuesta después de que la alcaldesa de Santander, Gema Igual, “ni siquiera diese respuesta” al escrito que el Grupo regionalista registró el pasado 21 de noviembre, seis días después de hacerse oficial el fallo del Supremo, solicitando la creación de una mesa de trabajo para conocer “de primera mano” sus efectos.

Así, considera que la “magnitud del reto que enfrenta Santander es evidente a ojos de todo el mundo”, por lo que el equipo de Gobierno “no puede sumar a la inseguridad jurídica” derivada de la nulidad del Plan “una actuación opaca”.

“Los regionalistas exigimos “transparencia, responsabilidad y lealtad institucional, que se facilite toda la información disponible sobre los efectos de la anulación tanto a los ciudadanos como a sus legítimos representantes en el Ayuntamiento de Santander”, ha enfatizado Huerta.

 “Prudente y responsable”

Por otra parte, el regionalista ha subrayado la actitud “prudente y responsable” de su formación política tras conocerse el fallo del Supremo. “Esperamos, y fuimos los únicos en hacerlo, a conocer la sentencia para pronunciarnos”, ha apuntado, al tiempo que ha recordado también que el PRC solicitó que se paralizase la tramitación del presupuesto hasta que se hiciese oficial la sentencia. “No quisieron, y llevan desde entonces haciéndonos creer que aquí  no pasa nada, cuando sí pasa y el desconcierto entre los posibles afectados es importante”, ha señalado al respecto.

En este sentido, ha destacado que “esa misma coherencia” que ha guiado la actuación de los regionalistas en este ámbito es la que motiva trasladar al Pleno esta propuesta. “Lo hicimos primera a través de un escrito dirigido a la alcaldesa, ante la falta de respuesta nos vemos obligados a forzar que todos los concejales se pronuncien”, ha señalado.

Por último, considera “difícil” que alguien pueda defender que se “hurte” a los ciudadanos y a sus legítimos representantes el derecho a ser informados sobre la situación de todos los proyectos e iniciativas afectados por el fallo del Supremo. “Pedimos transparencia y esperamos conseguirla”, ha finalizado.