El Partido Regionalista de Cantabria ha enmendado los Presupuestos del Estado en el Senado para impulsar la instalación de cajeros automáticos en los núcleos del mundo rural, con el objetivo de compensar el creciente cierre de sucursales bancarias y luchar contra la exclusión financiera que sufren estos municipios, por lo que reclama al Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico una partida de un millón de euros que permita subvencionar la implantación de este servicio en áreas rurales de menos de 1.000 habitantes, las más afectadas. 

Para ello, el senador autonómico y diputado regional del PRC, José Miguel Fernández Viadero, ha registrado una enmienda conjunta junto a los representantes de la Agrupación de Electores Teruel Existe, Unión del Pueblo Navarro (UPN), Partido Aragonés (PAR) y Agrupación Socialista Gomera (ASG). 

En la iniciativa, explican que se trata de dar cumplimiento en los Presupuestos 2021 a una moción aprobada por la mayoría absoluta del pleno del Senado el pasado 8 de septiembre. La propuesta, del PSOE, que contemplaba un plan contra la exclusión financiera en España, incorporaba enmiendas específicas de Teruel Existe y el PRC relativas a la colaboración entre administraciones para elaborar, en las zonas en las que no existan oficinas bancarias, “un plan de desarrollo y despliegue de redes de cajeros multientidad que permitan a todos los ciudadanos tener acceso a sus gestiones bancarias sin que ello suponga un sobrecoste”, así como a la necesidad de promover servicios itinerantes “priorizando la atención presencial a los clientes”. 

Todo ello con el fin de contrarrestar los efectos provocados por la desaparición de las oficinas bancarias y los cajeros automáticos “en la práctica totalidad de los pequeños municipios del medio rural”. 

La aparición de los cajeros automáticos resultó en su momento especialmente beneficiosa en las zonas más vulnerables y con alta despoblación, afianzando la autonomía financiera de sus habitantes. Sin embargo, la creciente tecnificación de la economía, sumada a la crisis financiera de 2008 y a la actual del Covid-19, ha supuesto un retroceso en este sentido. 

De hecho, según un estudio del Instituto de Coordenadas de Gobernanza y Economía Aplicada sobre la brecha financiera en nuestro país, tres millones de habitantes de la España Vaciada estarán en riesgo de exclusión financiera en 2025, y el 5% tendrá grandes dificultades para acceder al dinero en efectivo, lo que agravará las desigualdades económicas y la brecha geográfica. Y los esfuerzos de las entidades bancarias para ofrecer soluciones alternativas –oficinas móviles, banca por internet o banca telefónica– no cubrirán las necesidades de las personas de más edad en zonas rurales, que se verán excluidas del sistema por completo. 

Es lo que pretende evitar la enmienda suscrita por el senador regionalista y los senadores Beatriz Martín Larred y Joaquín Egea Serrano, de Teruel Existe; Alberto Catalán Higueras, de UPN; Clemente Sánchez-Garnica Gómez, del PAR; y Fabián Chinea Correa, de ASG, que además constituye un claro ejemplo de que la brecha financiera tampoco distingue entre territorios.