El portavoz del PRC en Marina de Cudeyo, Daniel Fernández, ha calificado hoy como “una auténtica desvergüenza” la negativa del alcalde, Federico Aja (PP), y el concejal de Obras, Jesús Acebo, a renunciar a la paga extraordinaria de Navidad y a reducir sus sueldos,         que ascienden a 47.000 y 38.000 euros anuales, mientras niegan ayudas a los usuarios del servicio de teleasistencia, afectados por la eliminación de las subvenciones concedidas hasta ahora por el Gobierno de Cantabria.

Fernández ha criticado la “tremenda hipocresía” de ambos políticos, a los que acusa de “acatar sin rechistar” la decisión de “sus jefes en Madrid” para privar a los trabajadores públicos de la paga extraordinaria cuando ellos mismos “se niegan a asumirla”.

Además, ha condenado su “impasibilidad” ante a la decisión del Gobierno de Cantabria de no financiar en 2013 el servicio municipal de teleasistencia y su negativa a habilitar ayudas municipales que impidan su desaparición, “dejando a numerosos vecinos de avanzada edad sin una prestación vital”.

Precisamente para evitar esa situación, el portavoz regionalista propuso en el último pleno que el alcalde y el concejal de Obras redujeran sus salarios en 10.000 euros anuales para financiar dichas ayudas, pero el equipo de Gobierno del PP “lo rechazó de pleno, dejando claras sus prioridades, entre las que no figuran los 64 usuarios del servicio de teleasistencia”.

Intereses de demora

Por otro lado, Fernández ha responsabilizado al alcalde del pago de 61.000 euros en intereses de demora al que ha sido condenado el Ayuntamiento por el impago de unas obras valoradas en 130.000 y ha augurado una nueva sentencia similar, dada su negativa a hacer frente a otra factura pendiente con la misma empresa, por valor de 50.000 euros.

Según ha explicado, la condena está motivada por la decisión del regidor de eludir dicha deuda, pese a la voluntad de la empresa para llegar a un acuerdo y fijar un calendario de pagos que hubiera evitado la denuncia judicial.

“Las reiteradas negativas del alcalde y del concejal de Obras a pagar no dejaron a la empresa más salida que los tribunales”, ha agregado el portavoz regionalista, quien da “casi por segura” una nueva sentencia que obligará al Ayuntamiento no sólo a abonar los 50.000 euros pendientes por obras realizadas, sino también “los intereses de demora correspondientes”.

Aunque ambas deudas corresponden a trabajos ejecutados en la pasada legislatura, Fernández ha rechazado que el alcalde intente culpar al anterior equipo de Gobierno de ese pago de intereses, porque “sólo es imputable a su propia irresponsabilidad y a su incapacidad para alcanzar un acuerdo con la constructora y evitar la intervención de los tribunales”.