El Partido Regionalista de Cantabria ha considerado hoy “fundamental” la modificación de la Ley de Hidrocarburos para que “sean” las comunidades autónomas quienes tomen  la decisión de rechazar o aprobar los permisos relacionados con los proyectos de investigación y extracción de hidrocarburos no convencionales y  “acabar de una vez por todas” con la técnica del fracking.

Por ello, el Grupo Parlamentario Regionalista ha presentado una proposición no de ley para su debate, con el objetivo de que los diputados y senadores por Cantabria asuman “un papel activo” en defensa de “los intereses territoriales, medioambientales, culturales y sociales” de la Comunidad Autónoma en el Congreso y en el Senado.

Además, plantean que el Gobierno de Cantabria  utilice “todos los medios a su alcance” para “paralizar el desarrollo y declarar la nulidad de todas las actuaciones que impulsen, favorezcan o promuevan” el uso de dicha técnica, y que impulsen la “declaración” y “faciliten” la aprobación de figuras de protección solicitadas desde los ayuntamientos como “instrumentos protectores”.

El portavoz parlamentario, Pedro Hernando, y Fernando Fernández –diputado regionalista que defenderá la PNL y alcalde de Valderredible, uno de los municipios afectados- han presentado la propuesta regionalista a los medios de comunicación acompañados de los diputados Ana Obregón, concejal en Santa María de Cayón, Ángel Sainz, alcalde de Villacarriedo, y Francisco Ortiz, alcalde de El Astillero.

Hernando ha subrayado que, después de que el Tribunal Constitucional declarara inconstitucional la ley cántabra prohibiendo la técnica de fractura hidráulica en nuestra Comunidad Autónoma, es “necesario” que el Parlamento de Cantabria “se pronuncie nuevamente”, ya que dicha norma ha dejado de tener “virtualidad jurídica” lo que supone que sigan desarrollándose diversos proyectos: Galileo (Soba), Angosto 1 y Usapal, Bezana, Bigüenzo y Luena.

Fernández ha apuntado que afectan a “dos tercios” del territorio, por lo que ha reiterado que es “fundamental” cambiar la ley estatal.

Por ello, ha incidido en que “tres” han sido los motivos que han motivado la presentación de esta propuesta.  Como primero ha citado, el rechazo del Parlamento (la ley cántabra se aprobó por unanimidad) y de la sociedad; como segundo, la sentencia del Tribunal Constitucional anulando la ley y el rechazo al recurso planteado por Valdeprado del Río; y como tercero, el cambio político producido en las elecciones generales del 20 de diciembre, que han producido que en el Congreso y Senado se cuente “ahora con representantes más sensibles” con este tema.

De hecho, ha subrayado la elección como senador del anterior consejero de Medio Ambiente del Partido Popular, Javier Fernández, quien, en su opinión, “tiene una oportunidad de oro para defender sus convicciones” y de que el PP muestra coherencia, votando lo mismo en Cantabria y en Madrid.

Por último, Fernández ha confiado en recibir el apoyo de la Cámara a la propuesta.