El Grupo Parlamentario Regionalista ha apostado hoy por la derogación de la Ley de Seguridad Ciudadana, aprobada por el Gobierno de Mariano Rajoy el 30 de marzo de 2015, para “garantizar todos” los derechos fundamentales.

El portavoz regionalista, Pedro Hernando, ha apuntado que Cantabria es una de las Comunidades Autónomas donde con “más brillantez” se está aplicando la denominada ‘ley mordaza’.

En este sentido, ha señalado que, en Cantabria, se han tramitado “más” de 3.000 expedientes en ocho meses.

Por ello, Hernando ha subrayado que los regionalistas esperan la comparecencia del delegado del Gobierno, Samuel Ruiz, para que explique “cómo es posible” que Cantabria “duplique” a Castilla y León y “quintuplique” a Asturias.

El portavoz regionalista ha lamentado que el PP aprobara la ley “con el rodillo de la mayoría absoluta, sin consenso y sin acuerdo”. Y ha considerado que se trata de una ley “retrógrada” en muchos de sus planteamientos, que “obvia” el control judicial en algunos aspectos y “amplía discrecionalidades” de la Administración “por encima de la tutela” de los jueces.

“¿No habrá ido el PP demasiado lejos en su planteamiento limitador de derechos? Creo que sí”, ha aseverado Hernando, quien ha apostado por la derogación “íntegra” de la ley.

Además de instar a la derogación de la ley, el PRC ha pedido que se “promueva, de manera inmediata, una nueva legislación sobre esta materia que respeto el ejercicio de los derechos fundamentales.

El PRC ha apoyado la inclusión de una partida, de más de dos millones de euros, en el presupuesto de 2017 para el pago de las primas a las vacas nodrizas.

El diputado regionalista Fernando Fernández ha acusado al Partido Popular de haber “evitado” su pago para “esconder” los recortes que realizaron en el medio rural, durante los cuatros años de su gobierno, y “culpar” al anterior Gobierno del PRC-PSOE.

Los regionalistas han votado a favor de la inclusión de los contratos menores en el Portal de Transparencia del Gobierno, si bien, la diputada Rosa Díaz , ha apuntado que, desde el mes de abril, el Ejecutivo ha requerido a las entidades del Sector Público para que enviasen los contratos del primer trimestre para publicarlos.

Por último, los regionalistas han aprobado la derogación de los índices de referencia de los préstamos hipotecarios porque, según ha apuntado la diputada Rosa Valdés, son “abusivos”.

En este sentido, ha apostado porque las entidades financieras que “aún” las usan procedan a la revisión de las condiciones de los contratos, para “sustituirlos” por otros “menos lesivos” para los consumidores.