El Partido Regionalista de Cantabria ha mostrado su apoyo a los usuarios del puerto de La Pozona de Cuchía, en la ría de San Martín de la Arena, Miengo, sobre los que pende un expediente de desalojo por parte de la Demarcación de Costas, a pesar de que llevan utilizando esta área para fondear sus pequeñas embarcaciones “más de 200 años”. 

Por ello, el Grupo Parlamentario Regionalista ha presentado una iniciativa en el Parlamento de Cantabria para que se “reconozca” su interés público, al tiempo que insta al Ministerio de Transición Ecológica a que “paralice” los expedientes abiertos a los cerca de 60 pequeños propietarios. 

Así se recoge en la enmienda de modificación que los regionalistas han presentado para mostrar su “respaldo” y “apoyo” a la Asociación La Pozona, cuyos integrantes han mantenido diversas reuniones con representantes del PRC, que han dado lugar a la presentación de una moción en el Ayuntamiento de Miengo y a esta iniciativa en el Parlamento. 

En su propuesta, los regionalistas instan al Ministerio de Transición Ecológica, en concreto a la Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y el Mar, a que “suspenda” la tramitación de todos los expedientes abiertos por ocupación del dominio público marítimo-terrestre de La Pozona, en Cuchía; y plantean “la negociación” entre las partes implicadas para “regularizar los usos e instalaciones dentro de la forma jurídica y, con las actuaciones que se puedan realizar al amparo del Plan de Puertos e Instalaciones Portuarias de Cantabria”. 

Igualmente, piden al Gobierno de Cantabria que redacte el proyecto “necesario” para “la legalización” de esta área destinada a embarcaciones náutico-deportivas y a “reconocer” la urgencia o excepcionalidad “por el interés público del proyecto que sea planteado a propuesta del consejero de Obras Públicas y Vivienda. 

Por último, el Grupo Parlamentario Regionalista plantea “incluir” dicho proyecto dentro de la planificación portuaria de la Consejería,  con el objeto de “realizar la tramitación administrativa que fuera necesaria para su ejecución”. 

En noviembre de 2018, la Demarcación de Costas, notificó a los propietarios de las embarcaciones que estaban en situación ilegal. Medida a la que han presentado alegaciones, ya que llevan utilizando esta área como atraque más de 200 años.