El portavoz del Grupo municipal regionalista, José María Fuentes-Pila, ha preguntado hoy al presidente de Cantabria, Ignacio Diego, si es cierto que baraja pagar y con qué criterios entre 15 y 17 millones de euros por la sede de APIA XXI en el Parque Científico y Tecnológico (PCTCAN), como han dado a conocer recientemente los medios de comunicación, una cifra que “dobla con mucho” los poco más de siete millones de euros que, en total, costó a la empresa tanto el suelo como la construcción del edificio. Además, ha lamentado que el presidente vaya a “romper el espíritu y el futuro del parque”, con el consentimiento del alcalde de Santander, Iñigo de la Serna.

Según ha explicado el regionalista, a APIA XXI le costó 6,2 millones la edificación de su sede, a los que, para establecer el precio de la recompra, “habría que sumar el coste del suelo”. En este punto, ha señalado que la escritura de constitución de derecho de superficie con opción de compra, firmado entonces por todas las empresas que se instalaron en el Parque, fija el precio para el ejercicio de opción de compra en 250 euros por cada metro de edificabilidad. Así, teniendo en cuenta que la infraestructura tiene 4.500 metros cuadrados,  el global ascendería de 1.125.000 euros.

“Es decir el precio total de la sede, incluido el suelo, fue de 7.325.000 euros por lo que me pregunto por qué baraja entonces el Gobierno de Cantabria recomprarlo hoy a un precio de entre 15 y 17 millones de euros”, ha explicado Fuentes-Pila, quien considera que se está hablando de unas cifras de dinero público “muy considerables” en una operación de la que los cántabros deberían conocer “hasta el último detalle”. “A priori no salen las cuentas, así que le pido al presidente del Gobierno que nos las explique a todos”, ha enfatizado.

Además, ha señalado que otro artículo de la escritura recoge que “el precio de transmisión del derecho de superficie no podrá exceder de la suma del importe abonado por la adquisición del mismo más los costes de inversión incurridos en la edificación” y actualizados con mediante la aplicación del Índice de Precios al Consumo. En este sentido, el regionalista se ha mostrado convencido de que la “actualización del IPC no supone que el Gobierno tenga que pagar 17 millones por algo que costó poco más de siete, que según la lógica y propia escritura ha de calcularse sumando cuánto costó el suelo y cuánto la edificación de la infraestructura”.

Con todo, Fuentes-Pila ha puntualizado que el coste total de esta operación ha de ser aún “comprobado pericialmente”, según se estipula también en la escritura,  y a él todavía habría que restarle “los gastos que sea necesario incurrir con el fin de reponer los bienes en su uso correcto y perfecto estado”.

Cambio de usos

Por otra parte, el portavoz de los regionalistas considera que la intención del Ejecutivo se instalar las sedes de las consejerías de Ganadería e Industria en el edificio es un “ataque frontal al espíritu del parque”.

De hecho, ha recordado que el recién aprobado Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Santander contempla la ampliación del PCTCAN, lo que, en teoría, “sugiere la apuesta del Ayuntamiento por un parque científico y tecnológico dedicado a lo que se tiene que dedicar”. “Es por eso que pido al alcalde que se involucre en la defensa de un uso productivo de este emplazamiento”, ha explicado.

Además, ha señalado que “abrir la puerta” a este cambio de uso en el PCTCAN, “pone en peligro otra opción de futuro para los santanderinos”. La posibilidad de que los terrenos del SUP-4, situados justo enfrente del PCTCAN, alberguen en un medio plazo a empresas productivas y no contaminantes. “El PGOU consigna ahí 600.000 metros cuadrados de suelo productivo, con la idea de algún día, cuando mejor esta coyuntura, se pueda instalar un gran parque empresarial, aprovechando las sinergías con el PCTCAN”, ha concluido.

Frente a esta actuación, “impulsada por el presidente de Cantabria y amparada por el alcalde de Santander”, Fuentes-Pila propone que el Gobierno de Cantabria ceda a la Universidad de Cantabria (UC) durante los próximos diez años el edificio, con el doble objetivo de “mantener el espíritu” del PCTCAN, a través de una cláusula que especifique que sólo se podrán llevar a este emplazamiento proyectos de I+D+i, y, por el otro, “compensar los recortes ”efectuados en el presupuesto de la entidad educativa”.

Fuentes-Pila ha señalado que esta propuesta no es un “brindis al sol”, ya que su formación política lleva “dándole vueltas mucho tiempo” a una solución que consiguiese dotar de un uso “productivo” a la sede, mientras el “mercado tanto inmobiliario como empresarial se recupera” y se pueda encontrar una empresa “adecuada para formar parte de un parque científico”.

Así, el regionalista ha apuntado a los proyectos europeos asociados a la Directiva 20/20/20, que persigue reducir un 20 por ciento el consumo de energía primaria de la Unión Europea, otro 20 por ciento las emisiones de gases de efecto invernadero y elevar la contribución de las energías renovables al mismo porcentaje del consumo.

En este punto, ha aludido al Fondo Europeo de Eficiencia Energética Europea (EEEF), dotado con cerca de 146 millones de euros y concebido para proporcionar financiación para proyectos públicos, ya sean regionales o locales, que sean viables y estén dedicados a la eficiencia energética, las energías renovables o a proyectos sostenibles de transporte urbano.

“Es una vía de financiación que las entidades locales y regionales no han barajado hasta el momento, una opción poco explotada en España, y que permitiría conseguir inversión para proyectos vinculados a la eficiencia energética”, ha explicado el regionalista.

Además, el regionalista sugiere un segundo uso para el edificio, hacer de él la sede del Centro Internacional Santander  Emprendimiento (CISE), una iniciativa, participada por el Gobierno de Cantabria, la propia UC y el Banco Santander, que busca convertirse en “un referente mundial de la investigación, la transferencia y la formación en emprendimiento”.