Los alcaldes de Colindres, Val de San Vicente y Ribamontál al Mar han denunciado el sectarimos del Ejecutivo de Ignacio Diego que "nunca ha tenido intención de permitir o colaborar en la puesta en marcha de estas piscinas en tres municipios de distintos color político al suyo".  El Consorcio de Infraestructuras Deportivas de Cantabria ha anunciado que va a presentar un recurso administrativo ante la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria (TSJC) para evitar la devolución al Gobierno de los gastos de gestión de las piscinas construidas en en los tres municipios.

El presidente del Consorcio y alcalde de Colindres, José Ángel Hierro, ha indicado en una rueda de prensa que el Gobierno reclama esa cantidad porque considera que se "incumplió el convenio" al pagar esos 802.000 para la gestión y mantenimiento de las piscinas cuando éstas "no estaban en funcionamiento".

"El Gobierno entiende que como no funcionaban pues no requieren mantenimiendo y eso no es así porque había que equiparlas con los necesario para poder abrirlas como desfibriladores, camillas, material de socorrismo...", ha explicado Hierro.

Además del recurso ante el TSJC, el Consorcio solicitará que al juzgado medidas cautelares para que se paralice esta petición del Gobierno y que se aplace la demanda interpuesta por la empresa adjudicataria de la construcción y gestión de las piscinas (Gestión de Piscinas S.A., del grupo Ascan), que reclama 5,7 millones de euros, hasta que se pronuncie sobre la devolución de los 802.000 euros.

Hierro ha asegurado que esos 802.000 euros pagados a la concesionaria "han sido justificados por la empresa en su totalidad y están recogidos en el estudio de viabilidad que forma parte del contrato de concesión".

El presidente del Consorcio ha asegurado que la opción de acudir a los tribunales era "la última opción" que barajaba la entidad pero ha dicho que "no ha quedado más remedio" dada la "intransigencia" del Gobierno, que ha logrado "dividir" a los seis ayuntamientos que forman parte del Consorcio.

EL GOBIERNO DA "DATOS FALSOS Y SIN NINGÚN RIGOR"

Hierro, que en la rueda de prensa ha estado acompañado por los alcaldes de Val de San Vicente y Ribamontán al Mar, Roberto Escobedo y Francisco Asón, respectivamente, ha criticado también los "datos falsos y sin ningún rigor" con los que el consejero de Educación, Cultura y Deporte, Miguel Ángel Serna, expuso este conflicto.

Así, ha lamentado que el Ejecutivo "impusiese" un plazo de 15 días para "justificar un dinero que aún no hemos cobrado" como es la anualidad de 1,4 millones de euros porque "dice que no hemos entregado la documentación justificativa". "¿Cómo vamos a justificar un dinero que no hemos obtenido y que por tanto no hemos gastado?", ha se ha preguntado Hierro.

Además, el presidente del Consorcio ha afirmado que el convenio no indica que hay que justificar antes del 31 de mayo del año en el que se cobra sino "en el siguiente al que se recibe la subvención y además admite petición de prórroga".

Asimismo, ha denunciado el "descaro" del Gobierno al reclamar esa documentación para justificar un ingreso que "no ha pagado ni este año ni en 2013". "Sólo ha pagado al Consorcio las anualidades de 2011, comprometida por el anterior Gobierno, y la de 2012", ha dicho.

En este sentido, ha señalado que, por tanto, Serna "miente" cuando dice que el Ejecutivo ha pagado íntegramente las obras de las piscinas, algo que "es imposible cuando no ha pagado nada desde 2011" y "para colmo" su plan incluye pagos hasta 2018.

"CHANTAJES" EN EL CAMBIO DE CONVENIO

Además, el también alcalde de Colindres ha criticado que los miembros del Consorcio tuvieron que aceptar el cambio de convenio firmado en diciembre de 2013 por los "chantajes" a los que fueron sometidos por el Ejecutivo. "No dijeron: o eso o nada", ha apostillado.

También ha criticado que el Gobierno diga que son la empresa concesionaria y los ayuntamiento quienes tienen que alcanzar un acuerdo para solucionar la situación cuando "los ayuntamientos no pintan nada en este asunto ni tiene ninguna relación contractual con él".

"El consejero miente también cuando dice que el anterior convenio (2011) pagaba todos los gastos de mantenimiento y vuelve a entrar en contradicción cuando asegura, quejándose, que el coste medio de una piscina es de 2,5 millones, muy inferior al del Consorcio, pero no le importan pagar 3,4 millones a Marina de Cudeyo aún sin hacer piscina", ha dicho.

CULPABLE DE QUE NO SE ABRAN LAS PISCINAS

El Consorcio también ha culpabilizado al Gobierno regional de que no se abran las piscinas y "está haciendo lo posible para hacer ver que son los ayuntamientos" y más cuando "los beneficiarios son consistorios de distinto color político".

Por ello, ha acusado al Ejecutivo de Ignacio Diego de "sectarismo" porque, ha dicho, "nunca ha tenido intención de permitir o colaborar en la puesta en marcha de estas piscinas en tres municipios de distintos color político al suyo".