La Corporación Municipal de Santa María de Cayón ha aprobado por unanimidad la moción presentada por el PRC contra la pretensión del Gobierno de España de suprimir las Juntas Vecinales, en la que reclama una regulación “clara y con fundamento en la realidad histórica” de las normas de funcionamiento y transparencia, la financiación y el control de la gestión de estas entidades, al tiempo que exige al Gobierno cántabro apoyo y colaboración para contribuir a su correcto funcionamiento.

La propuesta del PRC asumida por el Pleno defiende que las juntas vecinales son “viables económicamente y autosuficientes en sus respectivas competencias”, además de estar supeditadas a los municipios de referencia, “lo que limita claramente sus posibilidades de endeudamiento”.

Rechaza por ello los motivos esgrimidos para plantear la posible supresión, a su juicio basados en “una presunta y no demostrada racionalización y sostenibilidad de la Administración Local”, y advierte del impacto que puede tener para el mantenimiento del patrimonio natural, el cuidado de los pueblos y la prevención de la despoblación, dado que son “responsabilidades asumidas con base en el sentido de pertenencia y arraigo al territorio de los ancestros, que van más allá de medidas organizativas administrativas o de carácter político”.

La propuesta promovida por los regionalistas parte del “profundo arraigo y la tradición” de las entidades locales menores, que cumplen el principio de aproximación de la administración a los administrados “de forma coherente con el postulado constitucional que consagra la descentralización y la desconcentración como criterios rectores de la administración pública española”.

Este principio es a su juicio “especialmente significativo en Cantabria”, donde las juntas vecinales constituyen “instituciones tradicionales de convivencia con un gran arraigo histórico y con un papel muy relevante en el mantenimiento de las tradiciones culturales y sociales, en la conservación del patrimonio civil, militar y religioso y en la defensa de los intereses comunes”.

Además de destacar la viabilidad económica y la autosuficiencia de estas entidades, también subrayan que los responsables pedáneos “no perciben retribución alguna” y la toma de decisiones se basa en “un funcionamiento democrático que emerge de la comunidad de forma directa”.

Por todo ello, el PRC opina que la supresión “absoluta e incondicional” de las juntas vecinales va más allá de una modificación de la Administración actual y supone “una centralización no justificada y no argumentada, que no puede sostenerse en criterios de racionalización y sostenibilidad del Estado”.