El consejero de Presidencia y Justicia y vicesecretario general del PRC, Rafael de la Sierra, ha asegurado hoy que el presupuesto de 2017 “tiene que ser expansivo” y ha advertido que el PRC no aceptará “más restricciones de las imprescindibles”.

Esta postura ya ha sido trasladada por los consejeros regionalistas a su socio de gobierno socialista, por lo que De la Sierra ha mostrado su “sorpresa” ante las declaraciones realizadas hoy por la vicepresidenta y secretaria general del PSOE, Eva Díaz Tezanos, al asegurar que el proyecto será “muy semejante” al de este año.

“A día de hoy, el documento no está ni mucho menos cerrado, porque hay un debate abierto en el seno del Gobierno y tanto el presidente como los consejeros regionalistas hemos dejado muy claro que no vamos a aceptar que el presupuesto no esté a la altura de las necesidades que en este momento tiene planteadas la Comunidad Autónoma”, ha explicado el consejero de Presidencia.

A su juicio, la Comunidad Autónoma debe seguir la línea de crecimiento por la que ya han optado otras regionales, como Navarra, Valencia, Andalucía o Baleares, con incrementos que incluso llegan al 9 por ciento en el caso balear.

De la Sierra ha señalado además que la postura del PRC está “perfectamente argumentada y justificada por los datos y las previsiones económicas”, por lo que “no hay ninguna razón objetiva” para mantener las cuentas del próximo año en las mismas cuantías del presente ejercicio.

“Si Cantabria necesita más y tanto la situación económica como las previsiones apuntan a una clara mejoría, no hay ningún motivo para obviar esas necesidades de crecimiento en el presupuesto”, ha precisado.

Al igual de Díaz Tezanos, el consejero de Presidencia espera que el documento se pueda cerrar “en unos días”, aunque –ha recalcado- “hay que hacerlo en base al entendimiento y el acuerdo entre los dos socios de gobierno y sin imposiciones carentes de lógica y justificación”.

Asimismo, ha destacado que el documento final será presentado a los agentes económicos y sociales y a los grupos parlamentarios, con quienes ha confiado en mantener una “negociación constructiva” que permita la aprobación del proyecto de ley “en tiempo y forma para garantizar su entrada en vigor el 1 de enero”, a pesar del retraso en el inicio de este trámite.