El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, organismo independiente encargado de salvaguardar el derecho de acceso a la información pública y garantizar las disposiciones de buen gobierno, ha estimado 5 reclamaciones del portavoz del PRC, Pedro Gómez, y ha instado al Ayuntamiento de San Pedro del Romeral a facilitarle, en el plazo de 20 días, diversa documentación relacionada con las cuentas bancarias, expedientes de contratación y otras gestiones municipales, hasta ahora denegada por la alcaldesa, Azucena Escudero (PP). 

Ante esta negativa y dado que todos los documentos solicitados tiene consideración de “información pública”, Gómez recurrió el pasado mes de octubre al Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, que en 5 resoluciones fechadas el 30 de enero le da la razón y conmina al Ayuntamiento no sólo a responder a su solicitud, sino también a remitir copia de los documentos al propio organismo. 

En concreto, el portavoz regionalista ha pedido la relación de cuentas bancarias cuya titularidad corresponda al Ayuntamiento, con los cargos y abonos realizados en ellas desde el 14 de junio de 2015; los asientos de entrada y salida formalizados en el Registro Municipal desde la misma fecha; las facturas registradas en el mismo periodo con concepto, importe y fecha de registro; los expedientes de contratación de fiestas y eventos municipales con sus correspondientes facturas, y los expedientes de contratación de servicios jurídicos, defensa y abogado correspondientes a las anualidades de 2015, 2016, 2017 y 2018. 

En todos los casos, el Consejo de Transparencia entiende que esos documentos constituyen “información pública, puesto que obra en poder de un sujeto incluido en su ámbito de aplicación, el Ayuntamiento de San Pedro del Romeral, que la ha elaborado en el ejercicio de sus funciones”. 

Argumenta además que el Consistorio no ha presentado alegación alguna que permita “demostrar la concurrencia de algún límite al acceso a la información” de los recogidos en la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno”. 

Para el portavoz regionalista, este pronunciamiento “vuelve a poner de manifiesto” que la alcaldesa Escudero “ha convertido el Ayuntamiento en su cortijo particular”, negando a la oposición “su legítimo derecho a acceder a la documentación municipal”, al mismo tiempo que “abre y cierra las puertas a su antojo, privando a los vecinos de servicios públicos esenciales por sus propios intereses políticos”. 

Gómez alude así a la polémica surgida en las últimas semanas en el municipio por al negativa de la alcaldesa a realizar empadronamientos, que le ha llevado incluso a cerrar las dependencias municipales en horario de atención al público, ante el temor de las nuevas altas en el censo puedan derivar en un mayor número de votos para su adversarios políticos el próximo 26 de mayo.